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Tribunales

Testigo involucra a Maceira en contrato de San Juan

Fiscalía federal muestra grabación en la que contratista Santamaría y exalcalde Pérez discuten la adjudicación de contrato en el Municipio de San Juan.

Anthony Maceira Zayas
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El testigo principal de la fiscalía federal contra el convicto productor de radio y televisión, Sixto Jorge “George” Díaz Colón, el exfuncionario Anthony Maceira Zayas, es el cabildero de la empresa de desperdicios sólidos EC Waste y en los contratos que le consigue a la empresa, según el convicto Oscar Santamaría Torres, tiene participación el senador novoprogresista, Thomas Rivera Schatz.

Eso escucharon los jurados en el caso federal por corrupción contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, pero no por testimonio directo en sala del testigo principal, Santamaría Torres, sino en una grabación encubierta que éste hizo el 19 de agosto de 2021 en la que ambos, testigo y acusado, hablaban en confianza sobre distintos temas de política y negocios.

El testimonio de Santamaría Torres el lunes salpicó en varios aspectos al Municipio de San Juan y su alcalde, el novoprogresista Miguel Romero Lugo.

Por un lado, Santamaría Torres, un exabogado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo que dio sobre $50,000 en efectivo para la campaña de Romero Luego, de los cuales solo aparecen oficialmente registrados en la Oficina del Contralor Electoral (OCE) $2,500 para el candidato y $2,500 para el comité municipal. Igual que con otros donativos, el testigo dijo que específicamente lo ofreció en efectivo y con la intención de que no se le identificara como el origen del dinero porque no quería la publicidad negativa que podría generar en su contra el que apareciera como donante político. De hecho, dijo que el grupo de Romero Lugo llegó a comunicarse con él para cuadrar bajo qué nombres podían reportar el donativo, lo que implica violaciones a la ley de financiamiento de campaña por excederse del límite por donante, por excederse de la cantidad en que se debe identificar un donativo en efectivo y por someter donantes falsos para encubrirlo a él como el donante real.

Parte de esos trámite los realizó con Alberto Escudero Morales, exvicealcalde de la ciudad capital quien renunció súbitamente en septiembre de 2022 por “por razones estrictamente profesionales”.

Por otro lado, en la grabación de agosto de 2021 aparecen Pérez Otero y el testigo hablando de las posibilidades de negocio que el testigo tenía en San Juan con su empresa de manejo de desperdicios sólidos, Waste Collection, Corp. (WC).

El contexto de la conversación es contratos para estaciones de trasbordo de basura. Santamaría Torres estaba empujando para que Pérez Otero le dijera las posibilidades que WC tenía en el comité de evaluación para la estación de Guaynabo y le cuenta que “en la guerra de la basura todo el mundo me quiere matar” por sus precios bajos. Entre ellos, EC Waste, que se había llevado el contrato para la estación de San Juan por la que WC compitió.

“A mí Anthony me llamó, Anthony Maceira, porque Anthony es cabildero de ellos (EC Waste)”, le dijo Pérez Otero después de que Santamaría Torres le diera uno de los sobres con $5,000 en efectivo que le daba al alcalde más o menos cada mes y por los que está acusado.

“Si es Maceira, pues Thommy entró en el contrato”, ripostó Santamaría Torres en referencia a Rivera Schatz.

“Yo le dije a Anthony ‘pa’ Guaynabo que no mire’”, remachó Pérez Otero en referencia a que EC Waste había impugnado la adjudicación del contrato de reciclaje en su pueblo y que, por eso, los tenía vedados allí. Santamaría Torres le cuenta que, cuando en San Juan hicieron subasta para la estación de trasbordo, llevó la propuesta de WC al lugar indicado antes de la hora límite y se encontró con que ya habían abierto el sobre de la otra propuesta que había llegado, de la empresa Conwaste. Siguió contando el testigo que EC Waste sometió su propuesta semanas después que las otras dos empresas y que sometieron una estructura de precios en la que cobraban $34 por tonelada de basura los primeros meses (lo mismo que licitó Conwaste) y luego subían a $39 por tonelada. WC había licitado $29 por tonelada.

El contacto de Santamaría Torres en San Juan para discutir sus quejas con esa subasta era el mismo que para recibir donativos políticos ilegales, Escudero Morales, ya que “Miguel Romero no me ha dado la cara”. “Miguel Romero nunca me pidió un donativo”, dijo también. Previamente, los jurados habían escuchado por voz del convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, cómo los alcaldes pueden manipular los procesos de subasta mediante asegurar que por lo menos uno de los designado a la Junta de Subasta o a un comité evaluador le responda.

En la conversación encubierta se escucha a Santamaría Torres decir que esa transacción debía ser investigada por las autoridades. En el registro de contratos de la Oficina del Contralor no estaba disponible ayer el contrato de San Juan con EC Waste otorgado el 30 de junio de 2021 con duración hasta 2026 por casi $8 millones. Pero está disponible una enmienda de junio de 2022, con la firma de Escudero Morales, en la que se le añaden $400,000 para el año fiscal 2021-2022 y $8 millones para el año fiscal 2022-2023, efectivamente duplicando el valor del contrato para llevarlo a casi $16.2 millones. Por EC Waste, la enmienda está firmada por José Cardona como director de Asuntos Gubernamentales.

Pérez Otero le dice al testigo en la grabación que su comité de evaluación para el contrato de trasbordo le mencionó que el costo que licitó “era bien agresivo” y que tenían duda de que se pudiera hacer por esa cantidad. “Acuérdate que los otros están con 20 acreedores, yo tengo un solo acreedor”, dijo el testigo en la grabación.

Durante los testimonios de mayor peso hasta ahora, Delgado Montalvo y Santamaría Torres, la fiscalía ha procurado hacer ataques preventivos a lo que saben es el argumento de defensa: que los pagos a Pérez Otero no eran soborno, sino donativos políticos, y que no le compraron nada a Santamaría Torres porque los contratos y trabajos siguieron los procesos legales.

Con Santamaría Torres, la fiscalía no pudo introducir testimonio de que Pérez Otero hubiera obviado reglas o manipulado procesos, pero sí que el alcalde mantuvo al contratista al tanto de trabajos que estarían disponibles para que su empresa de construcción, Island Builders, sometiera propuestas, sobre lo que se estaba discutiendo en el comité de evaluación del contrato para la estación de trasbordo, y que después de que el contratista se lo pidió, salieron pagos pendientes para la empresa y se mantuvo inalterado su contrato para no quitarle su parte más rentable, la pavimentación.

Para separar el dinero que fueron donaciones políticas del dinero que Santamaría Torres simplemente le pagaba directamente a Pérez Otero, la fiscalía llevó al testigo a explicar que Delgado Montalvo le coordinó una reunión con el acusado después de su elección al cargo para limar asperezas porque el testigo inicialmente había apoyado al rival primarista, el senador Carmelo Ríos. El testigo lo encontró todavía molesto por eso y le preguntó si tenía deuda de campaña, a lo que Pérez Otero dijo que sumaban $70,000 y el testigo le ofreció pagársela a razón de $5,000 mensuales. Una vez extinguida la deuda, le siguió pagando “porque quería mantener la relación viva”. Añadió que, como parte del arreglo, entregó también dos sobres con $20,000 en efectivo cada uno al representante de la campaña de Pérez Otero, el exjefe de la Puerto Rico Telephone Company, Agustín García.

En su contrainterrogatorio, el abogado defensor, Osvaldo Carlo Linares, estableció que el testigo hace donativos políticos desde 1996, que inicialmente eran dentro del margen de la ley pero después fue en violación a la ley y que hizo múltiples donativos a candidatos que no necesariamente le dieron algo a cambio, como Rivera Schatz y el exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, a quien le dio $15,000 en efectivo. Carrasquillo Cruz fue el que viabilizó con sus acciones oficiales la creación de WC y le otorgó su primer contrato público.

El abogado intentó también explorar cómo la influencia del testigo llegaba al Tribunal Supremo, pero la fiscalía objetó y la jueza Aida Delgado Colón sostuvo la objeción, específicamente cuando el abogado preguntó si algún juez del Alto Foro había recomendado abogados para los bufetes del testigo, Law Affairs y Law Max. “Conozco algunos jueces de la iglesia, del gobierno, de los partidos políticos, de sus empleos previos”, dijo el testigo.

Carlo Linares lo llevó también a desglosar las grandes cantidades de contratos públicos que había conseguido específicamente a través de las tres compañías incluidas en su declaración de culpabilidad. WC, Island Builders y VIP Healthcare. Santamaría Torres reveló que, en su negociación con el gobierno federal, se calculó que, de sobre $50 millones de contratos en esas empresas, $10.2 millones llegaron a las cuentas corporativas como ganancia y $2.5 millones llegaron a su cuentas directamente. El acuerdo implicó que el testigo devolviera $6 millones al gobierno federal.

En un último turno de remate, el fiscal Nicholas Cannon planteó preguntas directas, sencillas y consecutivas que llevaron al testigo a afirmar que los alcaldes son los que controlan juntas de subastas y que no hubiera tenido contrato en Guaynabo si no hubiera sobornado a Pérez Otero.

Cada vez que podía, el testigo decía que Carlos de Jesús Pagán, quien fue testigo de fiscalía también, era el presidente de Island Builders y no su “testaferro”. Santamaría Torres no sabía de cotizar, realizar y cobrar un trabajo de construcción y por eso tenía a De Jesús Pagán, mientras él se encargó de toda la “estructura legal” de Island Builders y de hablar con Pérez Otero para asegurarse de que fluyeran trabajos y pagos.

Otro contraste que intentó hacer fue cuando aseguró que “no estoy relacionado con esas compañías (WC y Waste Enterprises) por los últimos dos años. Sin embargo, su esposa es codueña.

“Yo era un experto creando compañías, yo sé crear compañías”, exclamó.

En cuanto al negocio de construcción que trabajó a través de Island Builders, abrió los brazos y le dijo al abogado, “ahora mismo, la isla completa tiene oportunidades”. De todas las horas de testimonio, solamente al decir esto le cambió el semblante sombrío, se le asomó una sonrisa y los ojos le brillaron.

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Periodista y abogado con 25 años de experiencia. Cofundador, o miembro de los equipos fundadores, de NotiCel, el Centro de Periodismo Investigativo, Red 96, Primera Hora y El Nuevo Día Interactivo.