La fiscalía federal dio las puntadas finales a su caso contra el boxeador 13 días y 31 testigos después.

Las llamadas desesperadas que familiares hicieron al celular de la joven Keishla Marlen Rodrígue Ortiz en las primeras horas del 29 de abril de 2021 ayudaron a que ayer un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) mostrara a unos jurados cómo el teléfono de la mujer, el del acusado Félix Giomar Verdejo Sánchez y el del cómplice Luis Antonio Cádiz Martínez recorrieron juntos una ruta que fue desde el residencial Villa Esperanza, donde vivía la víctima, hasta la Laguna San José, donde la Policía encontró su cuerpo el 1 de mayo de 2021.

El especialista en localización de aparatos del FBI, Matthew Wilde, fue el último testigo de los fiscales federales, quienes acumularon 31 testigos durante 13 días que marcó el proceso antes de que el fiscal Jonathan Gottfried anunciara poco después de las 5:00 pm que el gobierno de los Estados Unidos daba por sometido su caso de carjacking y secuestro (con muerte de una criatura no nacida) y uso de arma de fuego.

Hoy en la mañana, los abogados defensores Jason González Delgado y Gabriela Cintrón Colón presentarán una solicitud al juez para que absuelva a su cliente si lo convencen de que la fiscalía no ha presentado elementos para probar los delitos. Si el juez no otorga la moción, o si se la reserva para luego, la defensa debe informar si van a presentar testigos. El juez Pedro Delgado Hernández esperará hasta hoy para recibir argumentos finales sobre si procede la citación que la defensa hizo al exabogado del cómplice, Edwin Prado Galarza.

Los fiscales usaron el día de ayer para intentar atar algunos cabos sueltos, pero el jurado se quedó sin prueba de corroboración sobre los disparos que el cooperador supuestamente hizo hacia la laguna después de que arrojaran a la mujer desde el Puente Teodoro Moscoso y sin evidencia genética que ate directamente al acusado con la escena o sobre la paternidad del feto que cargaba la víctima, aunque esto último es irrelevante para los cargo presentados. La fiscalía había citado a peritos de balística, pero no los presentaron.

Sin embargo, la fiscalía cerró con fuerza ya que el testimonio de Wilde, aunque monótono y técnico, llevó a que el jurado pudiera ver cómo los registros de localización de los teléfonos del acusado, el cómplice y la víctima los muestran juntos el día del delito desde la residencia de Rodríguez Ortiz hasta el Teodoro Moscoso y luego Isla Verde, a donde los dos hombres habrían ido a disponer del teléfono de la víctima y de un teléfono prepagado que el acusado usó para comunicarse con su expareja.

Wilde examinó información para tres teléfonos de dueño conocido y uno prepagado que está vinculado al acusado por testimonio previo. Los del acusado y el cómplice registraron movimientos y llamadas desde días antes hasta horas después de los hechos. Pero la víctima usó su teléfono por última vez a las 7:37 de la mañana de los hechos, cuando le entró una llamada desde el teléfono prepagado asociado a Verdejo Sánchez.

Que el teléfono estuviera apagado después de esa hora evitó que entraran las llamadas desesperadas que la madre y hermana de la víctima dijeron que habían hecho para localizarla esa mañana, pero provocó que la compañía de teléfono continuara registrando su localización debido a que, explicó Wilde, cuando se hace una llamada la señal busca el teléfono hasta encontrarlo y, si no está encendido, desvía la misma al sistema de mensajería.

Además de testificar sobre el desplazamiento geográfico de los aparatos, el perito hizo conclusiones después de analizar la actividad de llamadas en el registro de las compañías telefónicas. Entre el 3 y el 27 de abril, los teléfonos de la víctima y el que estaba a nombre del acusado reflejan 110 comunicaciones entre sí. Un promedio de cuatro llamadas diarias. El 28 de abril, ninguna. El 29 de abril, seis, todas después de las 10:00 am. Cádiz Martínez había testificado que, después de lanzarla a la laguna, le recomendó a Verdejo Sánchez que hiciera llamadas a la mujer para que pareciera que también la estaba buscando.

Luego de eso, el acusado tiró el teléfono de Rodríguez Ortiz contra una pared en la playa de Isla Verde para destruirlo y botarlo. Si el teléfono está destruido, deja de registrar localización, anotó el perito. Entre el 28 y el 29 hubo llamadas de Verdejo Sánchez a su expareja pero desde su teléfono prepagado.

El temblor fuerte que se sintió en la isla a eso de las 4:30 pm se manifestó en la sala de Delgado Hernández con movimientos en los bancos pesados de madera que usa el público y con sonido que salía del techo. En ese momento, Verdejo Sánchez tuvo una de sus muy pocas reacciones notables cuando le dijo a su abogada que estaba temblando. El juez detuvo los trabajos momentáneamente, pero nadie hizo ni aguaje de desalojar la sala.

En medio de esa conmoción breve, el abogado González Delgado realizó su contrainterrogatorio a Wilde y lo llevó a admitir que no tiene ninguna evidencia empírica de que el teléfono prepagado fuera, en efecto, de su cliente porque ese tipo de aparato no está atado a una cuenta identificada. También, el jurado escuchó que la localización de los teléfonos no es exacta y puede tener fluctuaciones, dependiendo de la torre. Por ejemplo, para una de las torres colocada en el área de disposición del cuerpo la localización del aparato puede fluctuar entre estar en el puente o estar en la playa de Isla Verde.

Pero Gottfried, como ha hecho con otros testigos, realizó un turno de rehabilitación a navajazos. De manera cortante llevó a que el perito afirmara que el teléfono prepagado y el oficial del acusado nunca se comunicaban entre sí y solo tenían en común el teléfono de la víctima y volvió a establecer que la data localiza a los teléfonos, a la misma hora, en las tres áreas claves del testimonio del cómplice: el residencial donde recogieron a la víctima, la laguna y la playa de Isla Verde.

Antes de este cierre, la fiscalía sentó a tres testigos cuyo función pareció ser intentar atar cabos sueltos e interrogantes que quedaban de testimonios previos.

Una incógnita que quedaba era cómo Verdejo Sánchez pudo haber llegado de la laguna a la que supuestamente se tiró para rematar a su expareja hasta la marginal de la avenida Baldorioty de Castro, donde lo recogió el cómplice, si la orilla de la laguna está tupida de mangle. El policía Juan Santiago Espada, se sentó en el banquillo y explicó que el 6 de julio de 2021, como parte de un equipo conjunto de recopilación de evidencia con el FBI, fue con personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a realizar mediciones en el área del puente y la laguna. Luego, en mayo de 2023 volvió para grabar él mismo un video de como se puede caminar desde la orilla del agua hasta la caja de electricidad en la que recogieron al acusado.

El video muestra un agua oscura debajo de los pilotes del puente que hace orilla con terreno sólido repleto de basura y maleza. La maleza se convierte en un talud y área verde por donde se sube y se llega a la rampa de acceso al puente. Se sigue caminando bordeando la rampa y se llega a la caja de seguridad. “Se llega muy fácil”, aseguró. El oficial hizo un video similar, pero en carro, que fue el que la fiscalía presentó con el testimonio de Cádiz Martínez para ilustrar las rutas que hizo con el acusado ese día. Sigue siendo un misterio la ruta que el cómplice usó para bajar y subir varias veces al puente en las vueltas que dio mientras el acusado estaba en el agua con la mujer que, según la prueba pericial, estaba todavía viva cuando su cuerpo llegó al agua.

En cuanto a las mediciones, Santiago Espada explicó que, ese 6 de julio, del puente al agua habían 16 pies y ocho pulgadas y que el lugar en el que se arrojó el cuerpo registró profundidad de tres pies y 11 pulgadas. Notablemente, el lugar donde se encontró el cuerpo, que queda más cerca de la orilla, registró una profundidad mayor, cinco pies y 10 pulgadas. Entre el punto en que cayó al agua y el punto en el que fue recuperado, el cuerpo recorrió 822 pies.

En el contrainterrogatorio, González Delgado llamó la atención a que las mediciones no fueron el mismo día de recuperación del cuerpo, porque el FBI no había asumido jurisdicción, sino más de un mes después, cuando las características del área pudieron haber cambiado. El testigo ripostó que las características eran idénticas porque había estado allí tanto en 2021 como 2023.

Luego, el abogado lo fustigó porque su recreación de la caminata no incluyó meterse en el agua y caminar desde allí con los pies llenos del fango por el mangle y que su recreación no incluyó tirarse para ver qué pasaba si una persona caía, como se alega que el acusado hizo, de una altura de 16 pies a un agua que tiene menos de cuatro pies de profundidad. “No hacemos nada que nos ponga en peligro… no era necesario”, dijo el testigo. “¿Sería seguro lanzarse al agua y caminar a la Baldorioty?”, preguntó el abogado. “No sé si es seguro, pero se puede realizar… no sería razonable, pero se puede hacer”, contestó el agente.

De las otras dos testigos, una no estaba prevista y decidieron traerla apenas la semana pasada, y otra fue una testigo que ya había comparecido y la volvieron a llamar.

La que entró la semana pasada fue la enfermera Keila Rivera, del Centro Metropolitano de Denuncias (MDC en inglés), que es el centro correccional donde está recluido Verdejo Sánchez. La mujer dijo que el 28 de junio y el 10 de diciembre de 2021 administró vacuna de Covid-19 al acusado y que éste reaccionó “normal”. La intención de la fiscalía fue contrarrestar declaraciones que la defensa le sacó a Eliz Marie Santiago Sierra, madre de la hija de Verdejo Sánchez, de que el boxeador le tenía pánico a las agujas y no podía ni verlas. Con esto, la defensa intentó minar la imputación de que el hombre inyectó heroína a Rodríguez Ortiz mediante una jeringuilla.

La defensa pudo contrarrestar el testimonio llevándola a admitir que el acusado rehusó todos los demás protocolos de vacunas de MDC y que las facilidades tienen cámaras grabándolo todo, todo el tiempo, pero la fiscalía no los había presentado para que el jurado viera realmente cuál fue la reacción del púgil a los puyazos.

La testigo que volvió a comparecer fue Luz Silva Torres, miembro del Instituto de Ciencias Forenses que realizó las pruebas toxicológica al cuerpo de Rodríguez Ortiz. La fiscalía quiso que la experta reafirmara a los jurados que una jeringuilla de heroína o fentanilo mantiene la droga en forma líquida e inyectable sin importar el tiempo que pasara. Esto, porque la defensa había llevado a Cádiz Martínez a decir que la heroína se inyecta tibia porque, si no, se endurece. El testimonio es que el cómplice preparó la jeringuilla 24 horas antes de que se usara en la víctima.

Pero la defensa aprovechó a la testigo para lanzar un dardo certero. La mujer afirmó que en el cuerpo de Rodríguez Ortiz no se encontró heroína (sino fentanilo), mientras que el testimonio del cómplice es que preparó la inyección con tres bolsitas de heroína que compró por $9 en el punto de drogas que está detrás del apartamento de su mamá en el residencial Luis Lloréns Torres.

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