El 1 de agosto de 2022, un grupo de siete policías descerrajaron más de 60 tiros contra Javier Cordero Nevares, de 16 años, quien estaba desarmado.

A casi un año de la muerte de un adolescente desarmado a manos de siete agentes de la Policía aún el Departamento de Justicia no concluye la investigación de un rompecabezas de carácter «más técnico» que los habituales y del que aún faltan piezas, por lo que todavía no se va a someter el caso ante los tribunales.

La jefa de fiscales de Justicia, Jessika Correa González, dijo a NotiCel que «este es un caso que podría involucrar violación de derechos civiles, por lo que está en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (del Departamento de Justicia), que no está bajo mi supervisión».

«No obstante, como jefa de fiscales, sí puedo decir que hay investigaciones que requieren que nosotros evaluemos toda la prueba disponible. Yo tuve la oportunidad de estar en la División de Integridad Pública y pude ver casos de derechos civiles. Son casos más técnicos y que requieren la evaluación de toda la evidencia que tiene disponible el Ministerio Público para que ese fiscal pueda tomar una determinación informada», agregó la funcionaria.

Mientras, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en una conferencia de prensa en Hacienda sobre un millonario caso de evasión contributiva en la que él y Correa González estuvieron presentes, se limitó a expresar que la agencia «cuando tiene el caso completo radica, mientras falte algo, no va a radicar».

Cuestionado por NotiCel por el tiempo que ha llevado la pesquisa, respondió que así sucede «en todos los sitios, como los federales, como en todos los países. Y si falta algo son detalles de la investigación que no vamos a hacerlos públicos».

Javier Cordero Nevares, de 16 años, fue abatido el 1 de agosto pasado por la Policía en un incidente en el que el adolescente, tras supuestamente robar un carro, huyó de los agentes para quedar acorralado en una calle sin salida de la urbanización La Rivera, en el barrio Monacillos de Río Piedras, donde siete uniformados descerrajaron más 60 tiros contra el joven que, desarmado, aparentemente les lanzó el vehículo encima a los agentes.

El joven recibió más de media docena de impactos de bala en su cuerpo.

El titular de la agencia había asegurado el 18 de enero de este año que el caso no iba a pasar «debajo de la mesa”, que la investigación estaba “avanzada” y que se encontraba en la “mirilla” de la agencia.

En esos días, los fiscales de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor estaban a la espera de informes de ICF, que ya, al día de hoy, entregó toda la documentación pendiente (reportes de autopsia y toxicológicos), y ya tienen en su poder el análisis de balística, aunque aparentemente siguen con la evaluación pericial.

Dos fiscales de la División de Integridad Pública de la agencia, que en septiembre pasado había reconocido que el caso era “complicado”, trabajan «confidencialmente» desde agosto de 2022 en la posibilidad de que todos o parte de los agentes involucrados sean acusados.