El condominio notificó al tribunal que su contratista pudo completar los trámites de fianza y que las obras deben comenzar en los próximos días.

El condominio Sol y Playa notificó al Tribunal de Primera Instancia el viernes que su contratista superó los escollos que habían enfrentado para conseguir una fianza de cumplimiento de obras, que presentaron la misma al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y que están listos para comenzar a demoler las obras ilegales en sus predios a partir del 9 de octubre.

La representación legal del Consejo de Titulares del condominio, Amy A. Ruiz Goyco, hizo la notificación en una moción en la que solicitó al juez Abid Quiñones Portalatín que deje sin efecto el señalamiento de vista de seguimiento que está vigente para el 3 de octubre.

El proyecto de demolición de obras, a cargo del ingeniero Emilio Colón Zavala, puede comenzar el 9 de octubre “sujeto a que se coordine con el DRNA demarcar el área y designar vigilantes”. Si la demolición comienza en la fecha proyectada, serían 20 meses después de la sentencia en la que el juez Quiñones Portalatín declaró ilegal los permisos que usó el condominio para hincar pilotes y levantar un muro en una zona de la playa Los Almendros de Rincón con el propósito de construir una piscina y otras facilidades recreativas. La vista del 3 de octubre sería la novena sobre cumplimiento de la sentencia.

La Junta de Planificación (JP) se movió para pedir que el permiso fuera declarado ilegal después de que un grupo de manifestantes llamó la atención sobre cómo las obras invadían la zona marítimo terrestre y afectaban la ecología del lugar, en el que también anidan tortugas.

Los manifestantes, que llegaron a enfrentar la represión de la Policía y a protagonizar encontronazos con los titulares del condominio, se organizaron corporativamente como Campamento Carey, Inc. (CC) y sometieron una propuesta al DRNA y al tribunal en vista de que pasaban los meses sin que el condominio presentara al tribunal un acuerdo formalizado con contratistas para ejecutar la sentencia.

Una vez CC sometió su propuesta, la única que había sobre la mesa, el condominio dijo que había conseguido contratista y que estaba en trámites de completar los documentos que requería el DRNA para emitir la autorización con la que podían comenzar las obras de demolición.

También el viernes, el abogado de CC, Gabriel Olivieri Miranda, informó al tribunal que culminaban su comparecencia especial en el caso, y retiraban su propuesta de encargarse de la demolición porque la JP nunca la evaluó y el DRNA no la “evaluó seriamente”. “[E]s obvio, que ambas agencias del Gobierno de Puerto Rico, nunca consideraron como una opción real y viable, la propuesta de Campamento Carey Inc. para que realizara los trabajos que el Tribunal ha ordenado que se realicen”, dijo al afirmar que CC “no desea ser un ‘plato de segunda mesa’ o una ‘segunda opción’ en la eventualidad de que la parte demandada una vez más incumpla con la Sentencia del Tribunal”.

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