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Tribunales

Bombero que testificó en la Cámara demanda por represalias del DSP

Tras su testimonio, la agencia lo trasladó, no lo ascendieron y lo mandaron de vacaciones.

El subsecretario del DSP, Rafael Riviere, y el bombero Eulando Piñero, mientras participaban de una vista cameral.
Foto: Suministrada

Un bombero que testificó en febrero pasado ante la Cámara de Representantes sobre las deficiencias del Negociado de Bomberos demandó en el tribunal federal a la plana mayor del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y del negociado por las represalias que tomaron en su contra después de esa comparecencia.

Eulando Piñero Gago, un bombero desde los 19 años, compareció como presidente de Metro Emergency Response Team, Inc. (MERT), que funciona desde 1999 como la única organización de bomberos voluntarios en la isla, ante la Comisión de Hacienda que presidente el representante Jesús Santa.

En su ponencia, habló de la necesidad de transformar el Negociado de Bomberos para responder mejor a emergencias, y señaló deficiencias, como que la agencia no tiene el número mínimo de bomberos por población para atender emergencias, las malas condiciones de las estaciones, la falta de equipo, el cierre del programa interno de bomberos voluntarios y la falta de coordinación entre la agencia y entidades voluntarias como MERT.

Las expresiones en la vista fueron “veraces”, versaban sobre asuntos de interés público y hechas en calidad de presidente de la organización privada, y no como empleado de carrera de la agencia, subraya la demanda.

Al lado de Piñero Gago en la vista estaba sentado el subsecretario del DSP, y exjefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la isla, Rafael Riviere Vázquez, quien, al terminar la sesión, le dijo al demandante que “vas a escuchar de mí pronto”.

Unas dos semanas después de la vista, Piñero Gago fue trasladado de la estación de Bayamón, donde estaba a cargo del programa de adiestramiento, supervisaba a 29 bomberos y coordinaba preplanificación de respuesta de emergencia, a la estación de Dorado, la que menos emergencias atiende en el distrito de Bayamón y en la que solo supervisaba unos 13 bomberos.

Al bombero, quien a los 21 años fue el más joven que lideró una estación, le notificaron su traslado el día antes y no se le informó de su derecho a apelar la directriz. En abril, Piñero Gago estaba supuesto a recibir ascenso al grado de teniente, pero el secretario del DSP, Alexis Torres Ríos, no se lo concedió, a pesar de que cumplía con los criterios, según la demanda. Esto le representó quedarse en su salario de $3,340 como sargento, en vez de poder acceder a un salario de hasta $4,194 como teniente.

El Negociado de Bomberos también impidió que Piñero Gago se pudiera dirigir a los cadetes como parte de sus esfuerzos por convertirse en delegado de los empleados de la agencia ante la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA), una actividad que estaba aprobada por el negociado y para la que se permitió que otro candidato le hablara a los cadetes.

En julio lo enviaron de vacaciones forzadas por dos meses y su jefe, el teniente Víctor González Jiménez, le dijo a por lo menos un subalterno que estaba esperando que regresara “para joderlo”.

“El traslado de Piñero Gago a la estación de Dorado por encima de la objeción de su supervisor, la consecuente reducción de responsabilidades, el no promoverlo a teniente, el trato desigual que recibió en violación a sus derechos como candidato a delegado del DSP en las elecciones de AEELA, y las vacaciones largas que le obligaron a tomar fueron todas acciones adversas de empleo y cambios a los términos y condiciones de empleo motivados por el testimonio que prestó en la Comisión de Hacienda”, indica la demanda que sometió el licenciado Rafael Ortiz Mendoza.

El demandante está solicitando ser devuelto a la estación de Bayamón, que cesen las alegadas represalias, que se le conceda su rango de Teniente, se le compense cualquier diferencial de salario y que su agencia instaure procesos para evitar estas represalias y violaciones a derechos constitucionales.

Los demandados son Torres Ríos, Riviere Vázquez, Gonález Jiménez, el comisionado de Bomberos, Marcos Concepción Tirado, el subcomisionado Javish Collazo Fernández, el subcomisionado Rafael Bruno Andújar, y el comandante de San Juan, Wilson Ortiz Rosario.

Periodista y abogado con 25 años de experiencia. Cofundador, o miembro de los equipos fundadores, de NotiCel, el Centro de Periodismo Investigativo, Red 96, Primera Hora y El Nuevo Día Interactivo.