La fiscalía llevó al jurado al interior del apartamento de María Charbonier el día que el FBI lo allanó, pero la defensa resaltó lo que los agentes no encontraron.

Cuando agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanaron el apartamento de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano en 2020, encontraron cajas de zapatos llenas de cartas, recibos y otra documentación suelta que revelaba deudas de ésta con el Departamento de Educación federal (ED en inglés) y con el Servicio de Rentas Internas (IRS), pero no encontraron el dinero en efectivo que esperaban ocupar.

El jurado que atiende el caso de soborno, robo de fondos federales y obstrucción a la justicia contra Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes Rivera, pudo ubicarse ayer al interior del apartamento de la exlegisladora mediante fotos que la fiscalía presentó con el testimonio de la supervisora de lavado de dinero del FBI, Shannon Muldrow. Notablemente, durante el testimonio no se estableció el día exacto de esa incursión, pero previamente se ha indicado que el FBI visitó a la exlegisladora y le requirió sus aparatos electrónicos el 15 de julio de 2020.

La agente dijo que encontraron un caja en la sala cerca del televisor y otras dos en un clóset. El fiscal Jonathan Jacobson puso las cajas llenas de papeles en el banquillo de los testigos para que el jurado las viera y dirigió el testimonio de Muldrow hacia comunicaciones del DE que denotaban una deuda atrasada de préstamo estudiantil. Aunque la cantidad varía en distintos documentos, la más alta que se mencionó fue $177,477.41. Las comunicaciones incluían una carta de agencia de cobro y otra de 2019 que advierte a la exlegisladora que se le pedirá a su patrono un embargo del 15% de su salario para satisfacer la deuda.

En las cajas también había documentos sobre una deuda contributiva federal por $63,760.43 que fue objeto de un plan de pago de $200 mensuales. También, recibos de giros postales por $200 y $300 comprado con dinero en efectivo. Según testimonio previo, la deuda con el IRS era la motivación de Charbonier Laureano para enfrascarse en un esquema mediante el que aumentó el salario de su recepcionista a $8,000 mensuales, uno de los más altos de la Cámara de Representantes en ese momento, a cambio de que ésta le devolviera $3,000 mensuales mediante pagos en efectivo o transferencias de ATH Móvil.

Precisamente, en su contrainterrogatorio el abogado defensor, Francisco Rebollo Casalduc, se concentró en que la orden de allanamiento que tenían los agentes los autorizaba a ocupar dinero en efectivo, pero no lo encontraron.

“Yo personalmente no encontré ninguna gran cantidad de dinero en efectivo”, le contestó la agente al abogado, pero luego el fiscal resaltó al jurado que los recibos de giro postales decían que habían sido comprados con efectivo.

En la continuación de un testimonio que había comenzado el miércoles, la exjefa de Recursos Humanos de la Cámara, Karen Torres de la Torre, detalló los 15 cambios de salario entre 2017 y 2020 que tuvo Frances Acevedo Ceballos, la entonces recepcionista de Charbonier Laureano. Acevedo Ceballos fue acusada pero se declaró culpable antes del juicio y fue la que supuestamente le pasaba $3,000 mensuales a la legisladora de su salario de $8,000.

El 15 de diciembre, en anticipo a que su Partido Nuevo Progresista se convertiría en mayoría en el cuerpo legislativo desde 2017, Charbonier Laureano procuró un aumento de $3,500 para su recepcionista.

El patrón de aumentos cambió cuando el 13 de julio de 2020 la exlegisladora solicitó que el salario de Acevedo Ceballos se redujera de $8,000 a $4,500. Esto fue el primer día laborable después de que el 11 de julio agentes del FBI entrevistaran a Acevedo Ceballos y dos días antes de que hicieran lo mismo con Charbonier Laureano. Ese trámite fue el forcejeo principal entre la testigo y Rebollo Casalduc, ya que ésta había dicho que ordinariamente tomaba días o semanas completarlo, pero afirmó que ese se hizo todo en un solo día.

Todos los sellos del documento, que le ponchan distintas oficinas, son del 13 de julio, pero el abogado insinuó con sus preguntas que alguno pudo estar alterado para ajustarse a la narrativa de que ocurrió en un solo día todo el trámite. La jueza aceptó la objeción de fiscalía de que se trataba de una pregunta infundada.

El abogado trató de articular, sin éxito, que el nivel del salario no es inusual porque responde a la libertad que tiene cada legislador de manejar el presupuesto de su oficina, así como al hecho de que su clienta tenía asignada cuatro comisiones que significaban cuatro presupuestos distintos al de su oficina.

“No es usual que una secretaria recepcionista devengue ese sueldo”, se limitó a comentar la testigo al confirmarle a la fiscalía los datos de una tabla que preparó para ellos en 2020 que compara los sueldos vigentes a ese momento. Torres de la Torre tuvo que admitirle al abogado que, a pesar de lo mucho que hoy se discute lo irregular que era el salario, en ese momento nadie levantó bandera o hizo una querella.

De la tabla se desprende que, entre los 654 empleados en la plantilla cameral, solo nueve ganaban más que Acevedo Ceballos y ninguno de ellos tenía una posición clerical como la de ella. El presidente del cuerpo ganaba $12,500 y ningún representante ganaba $8,000. La propia Charbonier Laureano ganaba $6,147.

Todo ese dinero de nómina viene de un pote en el que no está asignado ningún fondo federal, confirmó en una intervención corta como testigo el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea. La fiscalía lo llevó a explicar cómo se reflejan los fondos federales en el presupuesto del gobierno, pero en su contrainterrogatorio, el abogado defensor logró que el funcionario confirmara que todo lo que había dicho se limitaba al Ejecutivo y que no se le había preguntado de ningún fondo federal asignado a la Legislatura ni Hacienda se metía en los procesos financieros de ese poder constitucional.

El punto del testimonio, que se pudo haber logrado con cualquier otro gerente del departamento sin que el secretario tuviera que invertir su tiempo esperando a ser llamado al banquillo, es importante para el caso porque cubre el tema de la jurisdicción federal. En una apelación, la defensa podría argumentar que no se establecieron los requisitos para la jurisdicción federal y, si un tribunal lo favorece, ese argumento podría ser suficiente para desestimar una condena sin más.

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