La organización de derechos civiles solicitó intervenir como amigo de la corte en el plieto por los candidatos de MVC y PD que fueron descalificados.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés) pidió al Tribunal de Apelaciones que se le permita comparecer como amigo de la corte en el pleito sobre los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad (PD) que fueron descalificados por no someter endosos.

En marzo, el juez superior Anthony Cuevas Ramos ordenó la descalificación de los candidatos de MVC a comisaría residente (Ana Irma Rivera Lassén), Senado por Acumulación (Alejandro Santiago Calderón y Rafael Bernabe), y Cámara por Acumulación (Mariana Nogales y Myna Conty). También, los de PD para el Distrito Representativo 38 (Stephen Gil, Wilfredo Pérez Torres y Anthony Sánchez).

El pleito lo iniciaron candidatos del Partido Popular Democrático y tuvo como interventores a candidatos y una precandidata del Partido Nuevo Progresista.

El juez encontró que la intención legislativa, con enmiendas que se hicieron a la Ley Electoral de 2020, es que todos los candidatos recogieran endosos, excepto los escogidos por método alterno que fueran presentados por sus partidos como candidatos únicos en o antes del mediodía del 30 de diciembre. Los descalificados fueron escogidos como candidatos únicos en fecha posterior a ese plazo.

En su escrito, la ACLU resalta que el propio Cuevas Ramos determinó como un hecho que la propia Comisión Estatal de Elecciones (CEE) había recibido los documentos de estos candidatos y les había certificado que no tenían que recoger endosos. El Apelativo debe, sostienen, «reconocer la deferencia que merece la CEE al expresar y certificar que ninguno de los candidatos descalificados tenía que someter endosos como requisito de sus candidaturas bajo el método alterno».

La organización puso en duda también la justificación que usó Cuevas Ramos para decidir la controversia, un supuesto daño que habían sufrido los interventores, al enfatizar que el requisito de endosos aún para los candidatos que no fueran a primarias por ser escogidos mediante método alterno no estaba en los códigos electorales anteriores a la enmienda de 2020.

«[E]l requisito de recoger endosos debe ceder ante la importancia de los derechos de rango constitucional que se reclaman», plantearon al argumentar la supremacía del derecho de los ciudadanos al voto y recordar que el Tribunal Supremo ha dicho que «la obligación del Estado de proteger, y no violar, ese derecho (al voto) es ineludible».

En el escrito se plantea que el tribunal debe tener en cuenta precedentes recientes del Tribunal Supremo federal (relativos al expresidente Donald Trump) cuando va a decidir sobre la permanencia en la papeleta de un candidato a un puesto federal, como lo es Rivera Lassén porque la comisaría residente es una elección a un puesto federal. También, que tres de los descalificados (Rivera Lassén, Bernabe y Nogales) son incumbentes.

«Este Honorable Tribunal debe sopesar los requisitos alegadamente añadidos a través del Código Electoral de 2020 y los reglamentos del 2023 aludidos, requisitos inexistentes bajo los códigos electorales anteriores y cómo estos requisitos afectan a los candidatos apelantes, el derecho de asociación de éstos, de rango constitucional, y el derecho al voto, no de un ciudadano, sino de los constituyentes. La decisión final debe inclinarse hacia ese lado de la balanza, el de nuestros derechos fundamentales», concluyeron.

El panel de jueces apelativos que atiende el caso, compuesto por Félix Figueroa Cabán, Fernando Bonilla Ortiz, Ana Mateu Meléndez y Annette Marie Prats Palerm, había señalado vista oral para el miércoles próximo, pero la pospusieron para el 24 de abril. Bonilla Ortiz es exsecretario de Estado, Mateu Meléndez es una exsecretaria de Política Pública y Prats Palerm es hermana del exsenador, Roberto Prats Palerm.

Vea:

Descalifican a múltiples candidatos de MVC y Proyecto Dignidad

El Tribunal de Apelaciones cita una vista oral para atender el caso de las candidaturas de MVC y PD

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