La defensa de la exfuncionaria Sandra Torres planteó que no se cumplieron los límites de fecha que tiene el FEI para investigar y presentar cargos.

La expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (ahora el Negociado de Telecomunicaciones, o NET), Sandra Torres López, pidió la desestimación de los cargos que enfrenta debido a la Ley de Ética bajo el argumento de que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) no cumplió con los requerimientos para llevar a cabo la investigación en su contra.

A la exfuncionaria se le encontró causa para juicio en junio de 2021, pero todavía no se ha llevado a cabo su juicio, que ahora está pautado para el próximo 4 de junio. Desde el 2021, el proceso ha estado marcado por disputas relacionadas al descubrimiento de prueba, principalmente.

Tras completarse ese descubrimiento, su representante legal, Carmen Quiñones Núñez, pidió el 10 de abril pasado la desestimación de los cargos por deficiencias en el proceso de investigación.

A Torres López se le procesa por supuestamente exigir en junio de 2018 a un subalterno, Exel López Vélez, que recolectara donativos políticos de los jefes de las compañías de telecomunicaciones que el NET regula para el beneficio de la campaña reeleccionaria del exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares. López Vélez se querelló de esto ante el Tribunal Supremo para que procesara éticamente a Torres López, lo que no ocurrió, y también se quejó ante la entonces secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado.

La base del caso es una declaración jurada del subalterno que tiene fecha del 18 de octubre de 2019, aunque los hechos habrían ocurrido más de un año antes, del 5 al 7 de junio de 2018. Laboy Alvarado refirió esa queja a la entonces secretaria de Justicia interina, Denisse Longo Quiñones, el 29 de octubre de 2019.

La ley dicta que cuando Justicia recibe una queja de este tipo contra uno de los funcionarios cobijados por la Ley del FEI, tiene que notificarlo a esa oficina para que comience a correr el primer término de 90 días que Justicia tiene para realizar su investigación preliminar y emitir una recomendación al FEI. Pero, en este caso, Longo Quiñones hizo la notificación el 17 de diciembre diciendo que había recibido la queja el 21 de noviembre. O, lo mismo, que la entonces secretaria notificó a FEI casi un mes después de haber recibido la querella y dándole al FEI una fecha incorrecta para comenzar a discurrir los 90 días.

Otra impugnación que hizo la abogada de Torres López es que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), un foro adicional al que recurrió el querellante, había determinado en junio de 2020 cerrar la querella por encontrar que López Vélez había mentido en al menos cuatro instancias de su declaración. No surgieron del récord los ponches de entrada y salida de su oficina que correspondían a las salidas que dijo haber hecho para visitar a las empresas de telecomunicaciones y recoger los donativos; el registro de llamadas de Torres López no refleja la llamada que el testigo dice que le hizo al jefe de Claro para pedirle el donativo político; el registro de llamadas de ese ejecutivo, Enrique Ortiz de Montellanos, tampoco refleja entrada o salida de una llamada compatible con el relato; y la entonces fiscal Yanira Liceaga, negó que Torres López le hubiera pedido referir al Tribunal Supremo para procesamiento ético a la entonces asesora de Fortaleza, María Palou.

La determinación inicial del FEI fue radicar cargos contra Torres López, López Vélez y también Katherine Erazo García, contratista del NET para el momento de los hechos que también era encargadas de recaudaciones en el comité de campaña de Rosselló Nevares y a quien se le atribuye haber dicho en la oficina de Torres López que el gobernador había “ordenado a cada una de las agencias del ejecutivo recaudar fondos para su campaña de reelección».

Cuando llegó la radicación de cargos, solo Torres López fue imputada, mientras que López Vélez y Erazo García quedaron como testigos de cargo. De hecho, el acuerdo de inmunidad de Erazo García se concretó justo el día antes de la radicación de los cargos y todavía no está claro qué aportaba su testimonio en ese punto del caso como para justificar la inmunidad.

En su escrito, la abogada Quiñones Núñez también se basa en ese trámite para pedir la desestimación al argumentar que desde meses antes de la radicación el abogado de Erazo García, el exfiscal especial independiente César López Cintrón, le había advertido al FEI de la deficiencia que había en el caso por la tardanza de Justicia en notificar la querella. Además, que en el descubrimiento de prueba no surgió evidencia de que lo fiscales le hubieran notificado al panel de una comunicación que hizo Quiñones Núñez ofreciendo testigos que debían ser entrevistados como parte de la pesquisa que desarrollaban.

El tribunal todavía tiene pendiente una solicitud sometida en junio de 2021 en la que Torres López alega que tiene prueba de coartada, consistente en que una de las entregas de donativos ilegales habría ocurrido en mayo de 2018, en fechas en que ella estaba fuera de la isla en funciones oficiales atendiendo un congreso de comunicación satelital en Ciudad México.

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