La orden surgió el miércoles, mismo día en que debían comenzar las pruebas administradas entre grados tercero a octavo, así como décimo, en el Departamento de Educación.

El Tribunal de Apelaciones paralizó el miércoles la administración de las Pruebas de Cernimiento, Revisión y Evaluación Continua del Estudiante (CRECE) que se administrarían a estudiantes de los grados tercero a octavo, y décimo, en el sistema público de enseñanza por alegaciones de que pudo haber irregularidades en la adjudicación del contrato a la empresa Pearson PEM PR, Inc.

Las pruebas se darían a lo largo de todo el mes de mayo en las materias de Español, Inglés y Matemáticas (grados tercero a octavo y décimo) y en la de Ciencias (grados cuarto, octavo y décimo). Su administración son un requisito del gobierno federal y el que no se realicen puede poner en peligro el acceso a esos fondos.

En una circular que emitió el jueves la subsecretaria de Educación, Beverly Morro Vega, la agencia no indica qué se hará para reponer las pruebas y solo sostiene que “se pospone el proceso de administración hasta una nueva determinación del tribunal”. El panel apelativo, que ordenó la paralización (jueces Roberto Rodríguez Casillas, Eric Ronda del Toro y Carlos Salgado Schwarz) concedió 10 días al Departamento de Educación (DE) para comparecer y procederían a decidir sin más.

La solicitud de revisión para la adjudicación del contrato por el método de requerimiento de propuestas (RFP en inglés) la sometió la empresa Learn Aid LLC. Solo esta y Pearson sometieron propuestas y desde el 4 de marzo pasado, Learn Aid había mostrado indicios de que impugnaría la adjudicación ya que sometieron una reconsideración que la agencia denegó.

El proceso del RFP comenzó el 4 de diciembre de 2023 y lo manejó la Oficina Central de Compras, Obligaciones y Adjudicación de Fondos (OCCOAF) del DE. El proceso diseñado tenía dos partes. El primero solo atendería la capacidad financiera de los proponentes y si no alcanzaban una puntuación de 60% serían descalificados. Los que tuvieran más, pasarían a la evaluación del aspecto técnico de la propuesta.

Según estableció Learn Aid en su solicitud al apelativo el martes pasado, un evaluador externo del DE, y la OCCOAF, violaron las reglas del RFP cuando crearon una puntuación calificadora para Pearson con documentos que ni eran de Pearson ni eran el tipo de documento financiero requerido. Además, escondieron la puntuación real de 48% que había obtenido Pearson en el Aviso de Adjudicación por lo que no fue hasta que examinaron el expediente después de la adjudicación que Learn Aid supo de las violaciones.

La parte de solidez financiera de los proponentes, el DE la encargó al contador José J. Huyke Torres, de los consultores externos RSM Puerto Rico. Ahí, Learn Aid obtuvo calificación de 78.33% y Pearson de 48.33%. Pearson quedaba por debajo del 60% de las reglas y debió ser eliminada en ese momento, sostiene su competidor. Pero el evaluador utilizó los informes anuales de Pearson PLC, una supuesta matriz de la proponente puertorriqueña, y le asignó puntuación de 64.17%. Pero Pearson PLC no es la matriz directa de la proponente puertorriqueña. La que sería matriz de la local es NCS Pearsons Inc., una entidad que está desautorizada para hacer negocios en Puerto Rico desde el 2014.

La propia directora de la OCCOAF, licenciada Flory M. de Jesús, le escribió al consultor porque no sabía cómo presentar el resultado “de la evaluación de solidez financiera de Pearson en particular de manera que se explique por sí misma y se eviten malas interpretaciones”. El consultor le contestó cómo recurrió a tomar en cuenta la información financiera de la matriz de Pearson y que para Learn Aid no tuvo que entrar en eso porque es completamente local. Recomendó que se debían presentar solo los resultados de la evaluación de ambas proponentes, aclarando que ambas pasaban del 60%. “No creo que haya que abundar en nada más, ni entrar en tecnicismos como los detallados anteriormente”, añadió.

Todo este trámite para el contrato de las pruebas CRECE ocurrió apenas meses después de que el DE hubiera reconocido, en otro proceso de RFP distinto, que la entidad puertorriqueña con el nombre de Pearson no tiene capacidad financiera suficiente.

“Se le confirió una ventaja indebida a Pearson PEM PR, Inc., de forma arbitraria, pues no solo este proponente debía ser descalificado por su pobre condición financiera, sino que además incumplió con la presentación de los informes financieros de NCS Pearson, Inc., entidad que resultó ser su verdadera matriz, pero que como ya establecimos, no está autorizada a llevar a cabo negocios en Puerto Rico pues su certificado de corporación foránea fue revocado. Súmesele a esto, que la información financiera se extrajo de unos documentos que no son estados financieros, sino unos reportes internos (Annual Reports) que se emiten con propósitos muy distintos a los documentos específicamente solicitados”, resumió Learn Aid en su solicitud al apelativo.

En el registro de la Oficina del Contralor, Pearson aparece con contratos en el DE desde el 2009 por $294.5 millones.