Tras el revuelo por la muerte del perro del cantante urbano, operador de albergue en Arecibo denuncia que policía municipal mintió al tribunal para obtener orden de allanamiento.

El Centro de Control y Albergue Capitán Correa y su director ejecutivo, Carlos Negrón Casalduc, demandaron al Municipio de Río Grande, su alcalde y policías municipales como secuela de los ataques que recibieron la semana pasada después de que se le vinculara con la muerte de Johnny, un can que era propiedad del cantante del género urbano Raúl Armando del Valle Robles, conocido como “Luar la L”.

La reclamación por $1.4 millones detalla que la organización y su director han tenido daños, pérdidas operacionales y angustias mentales por información falsa que difundieron los funcionarios municipales para implicarlos en la desaparición del can y encubrir el hecho de que fue el municipio el que le llevó un grupo de perros para que dispusieran de ellos por ser “problema de seguridad y salud pública”. Se alega que los demandados cometieron difamación, violaron derechos civiles y ejecutaron un allanamiento ilegal.

El documento que sometió el licenciado Pedro J. Landrau López, no arroja luz sobre qué exactamente pasó con Johnny. Afirman que ninguno de los cuatro perros de entre 30 a 58 libras que el oficial de Manejo de Emergencias de Río Grande, Andrés Castro, les llevó el 9 de mayo para que dispusieran de ellos tenía chapas u otras formas de identificar a sus dueños. La demanda no habla de otro grupo de perros con relación a las amenazas y ataques que comenzaron a recibir el 15 de mayo.

Castro certificó que renunciaba a la custodia de los perros, que podrían ser eutanasiados y acordó relevar al Centro de cualquier reclamación que surgiera con relación a esos animales.

“Conforme a lo representado por el empleado del Municipio de Río Grande de que los perros no tenían dueño ni identificación, y que constituían un riesgo a la salud y seguridad pública, estos fueron evaluados conforme a los protocolos establecidos, al no ser posible la adopción, se determinó proceder con una muerte compasiva, según autorizado por el Municipio de Río Grande”, indica el documento sin especificar la fecha de ese evento. La única afirmación pública de que Johnny fue eutanasiado está en la cuenta de redes sociales Petfriendly_pr.

En la continuación del relato, dicen que el 15 de mayo comenzaron las amenazas por teléfono reclamando la entrega de Johnny. El día siguiente, la sargento municipal Yashira Marie Silva Resto llegó al lugar de imprevisto a investigar amenazas de muerte que había recibido el director de Manejo de Emergencias, Antonio Rosa. Pero, a la vez, la policía le preguntó por los cuatro perros y si Johnny estaba en el albergue, y les dijo que eran dos investigaciones que estaba manejando a la vez.

El jueves de la semana pasada, la sargento volvió al albergue y “en tono amenazante [...] dijo que ella venía a buscar el perro y ya que no se lo quería entregar, ella se iba para el tribunal”. También llegaron el alcalde de Río Grande, el codemandado Ángel González Damudt, el alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, dos de sus ayudantes y el comisionado de la Policía Municipal de Arecibo, Leslie Zeno.

El alcalde de Arecibo, que es con quien el albergue tiene contrato de operación, dijo que estaba allí como mediador y el de Río Grande volvió a preguntar por Johnny, por lo que se le explicó que el documento de trámite cuando su municipio entregó los canes no tenía el nombre de ninguno sino los colores. Además, el documento establecía que la entrega había respondido a una hoja de servicios con fecha del 14 de febrero para “recogido de perros realengos”.

Ambos alcaldes y sus ayudantes inspeccionaron el albergue y no pudieron identificar a ninguno de los canes como Johnny. El día siguiente, viernes, Luar la L convocó a una manifestación en el albergue que provocó que se tomaran medidas de seguridad y que solo se quedara en el lugar su director ejecutivo, dos empleados y un oficial de seguridad.

A la 1:00 pm llegaron 10 patrullas del municipio de Río Grande y aumentaron la “desinformación” al anunciar que realizarían un allanamiento y comenzar a buscar en el perímetro.

“Este allanamiento y la búsqueda alrededor de las facilidades de la parte compareciente fue un espectáculo totalmente innecesario promovido por los demandados y dirigido a hacer daño a la parte compareciente, el cual era totalmente innecesario que el Municipio de Río Grande ya había examinado las facilidades en busca del perro y se le había provisto toda la información que la parte compareciente poseía”, sostuvieron los demandantes.

“El alcalde de Río Grande y los empleados del Municipio de Río Grande de manera falsa y difamatoria comenzaron a divulgar en los medios, al Sr. del Valle Robles y a terceros que el perro fue entregado con su identificación al Albergue. Esto es falso, ya que el empleado municipal certificó que eran realengos, se desconocía el dueño, siendo su titular el Estado. Además, la información provista fue solo que se recogieron [en] el sector Bartolo y en el Sector Malpica de Río Grande”, añadieron.

El documento subraya que la sargento Silva Resto le mintió al juez Daniel Alfaro Alfaro cuando le dijo, en aras de conseguir la orden de allanamiento, que el perro del cantante había sido entregado al albergue, que el albergue se había rehusado a proveer información y que el director ejecutivo se había negado a entregar el can.

Otras falsedades que los demandados habrían dicho son que el can estaba identificado cuando supuestamente se entregó al albergue y que el albergue cobra $500 por recoger casa perro cuando son los funcionarios municipales los que recogen los animales y los llevan allí.

“En ningún momento el Albergue se apoderó o hurtó el perro del Sr. del Valle Robles para sacrificarlo, como éstos alegan”, apunta el documento que pide, además del pago de daños, que los demandados aclaren las circunstancias de la entrega de perros que hicieron el 9 de mayo.

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Vea:

Policía allana refugio de animales en Arecibo