Uno de los principales contratistas de transporte de la isla pide que se detenga y anule el proceso de subasta que se lleva a cabo para proveer servicio de guaguas escolares a partir del próximo año escolar.

El licitador Transporte Sonnell, LLC (TS), recurrió al tribunal para pedir la paralización de la subasta de servicios de transporte que el departamento lleva a cabo desde el 8 de noviembre al amparo de un reglamento de la Administración de Servicios Generales (ASG) para ese servicio a partir del año escolar 2025-2026.

La petición se basa en que el Departamento de Educación (DE) le reconoció al licitador que el pliego de la subasta tenía tres errores que tenían que ser enmendados pero, en vez de enmendar, han seguido con el proceso bajo el pliego deficiente y se encaminan a abrir las licitaciones el 17 de diciembre, para adjudicarla.

“Sonnell no tiene otro remedio legal adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley y, como cuestión de realidad, la no expedición del mandamus aquí solicitado tendrá un impacto negativo sobre el interés público, pues la inacción del DE deja en un limbo jurídico las condiciones y especificaciones con las que los licitadores tienen que cumplir, además de la fecha en que estos tienen que someter sus ofertas”, se indica en la petición judicial.

Además de no enmendar el pliego, el DE sigue con la subasta bajo el Reglamento 9230 de la ASG (Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales), que Sonnell entiende es nulo porque en su proceso de creación y adopción no se cumplieron con requisitos de notificación al público.

La semana pasada, el servicio de transporte escolar a partir de enero fue objeto de discusión en la vista de transición del DE, a pesar de que realmente no existía un problema de financiamiento, está ahora bajo impugnación en el tribunal.

La ahora exsecretaria de la agencia, Yanira Raíces Vega, generó titulares cuando en la vista la dijo que faltaban $72 millones para garantizar ese servicio del que dependen unos 37,000 estudiantes. El mismo día, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) aclaró que había dinero que podía usarse si lo aprobaba la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y el día después la funcionaria admitió que sabía que había dinero pero que, como no estaba aprobado, prefirió hacerle la advertencia a gobierno entrante.

También la semana pasada, la Oficina de la Contralora hizo señalamientos contra el DE por contratar servicios de transporte escolar sin subasta y bajo mecanismos de emergencia.

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