El tribunal realizó vista urgente ante solicitud de desacato sometida por el cantante contra su esposa tras incumplirse orden previa de ceder el control ayer.

El Tribunal de Primera Instancia ordenó esta tarde a Mireddys González Castellanos que para el 31 de enero debe completar todo el traspaso del control y, a su vez, de la información correspondiente de las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc. a su esposo, el cantante del género urbano Ramón Luis “Daddy Yankee” Ayala Rodríguez.

Es la segunda orden que emite el tribunal sobre el control de las corporaciones después de una vista el viernes pasado. El nuevo plazo surgió después de que esta mañana los abogados de Ayala Rodríguez sometieran una solicitud de desacato contra González Castellanos porque no incumplió con el primer plazo que había dado el tribunal de reunirse el 26 de diciembre para realizar el traspaso.

El juez Anthony Cuevas Ramos no impuso el desacato solicitado, optando por un nuevo plazo, pero recordando a González Castellanos y a sus abogados que el incumplimiento con las órdenes del tribunal se atiende, precisamente, mediante el desacato.

Cuevas Ramos indicó que no iba a entrar en si ha habido “mala fe” porque lo que le parece que ha ocurrido es un “problema de comunicación”. “Parecería necesario, tal vez extremadamente necesario, que trabajemos durante estos periodos (festivo) para poder resolver con diligencia este problema”, dijo al subrayar que su sala no tiene días libres y funciona 24 horas.

Al cabo del nuevo plazo, González Castellanos debe haber firmado las resoluciones corporativas que traspasan el control de las entidades a su esposo, así como información detallada de contabilidad, contratos y accesos electrónicos tanto a entidades financieras (First Bank y Oriental) como a plataformas de gestión de las regalías que genera el cantante.

La pareja sigue legalmente casada, pero tiene pendiente en otra sala un proceso confidencial de divorcio donde se tendrá que dividir todos los activos del cantante ya que el matrimonio ocurrió sin capitulaciones, por lo que tienen una sociedad legal de bienes gananciales.

En el caso de las corporaciones, las dos incluidas en este pleito no son las únicas en las que la pareja tiene activos, pero se ha representado que son las dos a través de las cuales el cantante gestiona su carrera artística y son las que tienen cedida la marca “Daddy Yankee”. En esas dos, la pareja es coaccionista por partes iguales. Esto implica que, aunque el cantante retome control gerencial, los bienes de las corporaciones y las decisiones que afectan a la entidad están sujetos al voto que tiene cada uno como dueño de la mitad.

La abogada de González Castellanos, Pilar Pérez Rojas, aludió a esto al plantear en la vista que “la realidad fuera de todo lo que hablan del manejo de todo, que mi cliente es 50% accionista, pertenece a la sociedad legal de gananciales, ¿ella va a tener interés en afectarse ella? Vamos a estar claros”. La abogada insistió en que su cliente ha entregado todo lo que se le ha pedido, pero también el juez la tuvo que corregir para recordarle que su orden del 20 de diciembre no era que González Castellanos se quedaba con acceso constante a la información financiera de las corporaciones, sino que solo recibiría un informe mensual de su esposo.

“Tengo que trabajar otras situaciones que conlleva todo emocional”, dijo Pérez Rojas a manera de excusa, pero sin aclarar a qué se refería. La vista fue en formato virtual con González Castellanos en la oficina de su abogada y Ayala Rodríguez, igualmente, en la oficina de sus abogados.

“Daddy Yankee” fue a la reunión del jueves, pero su esposa no, según la moción que sometieron sus abogados pidiendo el desacato y en la que explicaron que estuvieron tres horas esperando por la información, y se movieron incluso a una oficina vacía, con la intención de recibir los expedientes, pero no ocurrió.

“Las demandadas se han negado a dejar el control en las corporaciones y pretenden apertrecharse y perpetuarse en el cuerpo directivo de las entidades, desde dónde igualmente pretenden controlarle su carrera, continuando así con la interferencia y disloque de la carrera del demandante y cubrir la mala administración de las entidades, luego de haberle burlado su confianza al aquí demandante”, dice la moción al asegurar que el cantante está hoy en la misma posición de desconocimiento sobre el estado real de sus corporaciones y sus compromisos que estaba cuando sometió el interdicto el 13 de diciembre pasado.

“Así también cuando específicamente se les requirió que produjeran copia del expediente de la venta del catálogo musical del demandado, adujeron que tampoco los tenían”, añade el documento como ejemplo del tipo de información que no se le ha entregado. En octubre pasado, el catálogo musical de Daddy Yankee fue vendido por $217 millones a Concord Music, pero los abogados del cantante han planteado en sus escritos que el valor real era mayor.

Otro ejemplo que dieron es que González Castellanos les indicó que alguna de la información que buscaban estaba en manos de terceros, como contables, el abogado Edwin Prado Galarza y el productor Rafael Antonio “Raphy” Pina Nieves, pero estos le dijeron que habían entregado todo por escrito a la mujer. También, aseguraron que González Castellanos entregó los decretos contributivos que su esposo tiene con el Gobierno de Puerto Rico, pero no los expedientes de los mismos.

“Estoy seguro que los compañeros entienden lo que implica un desacato”, mencionó el juez Cuevas Ramos durante la vista.

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