Esta es la sentencia en un caso resultado de pugnas políticas dentro del PNP en la agencia durante la Administración Pierluisi.

La administradora designada de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Enid Ortiz Rodríguez, fue víctima de represalias en esa misma corporación pública y ahora se le debe una compensación de $22,000, concluyó un tribunal.

La sentencia del miércoles pasado se registró en un caso que nació cuando Ortiz Rodríguez ocupaba la posición de confianza de subadministradora bajo la jefatura en la agencia de Jesús Rodríguez Rosa.

La mujer hizo una comunicación a la Junta de Directores que acusaba a Rodríguez Rosa de supuestas acciones ilegales. Luego de esto, Rodríguez Rosa la removió de su puesto de confianza y la CFSE inició una serie de investigaciones contra Ortiz Rodríguez, algunas de las cuales llegaron a discutirse en prensa. Ni las imputaciones contra el exadministrador ni las investigaciones contra la exadministradora resultaron en algo.

Al demandar a la corporación pública Ortiz Rodríguez alegó que fue objeto de represalias que están prohibidas en el Código Anticorrupción como protección a las personas que denuncian ilegalidades. El juez superior Elías Rivera Fernández, quien preside sala en Caguas, le dio la razón parcialmente, encontrando que la mujer podía ser removida de su puesto de confianza sin ninguna consecuencia para su patrono, pero que las investigaciones en su contra habían constituido un patrón de represalias. Específicamente, porque durante el juicio la CFSE no pudo ofrecer prueba de gestiones o resultados relativos a esas investigaciones.

Como resultado, el juez sentenció a la CFSE a pagarle a Ortiz Rodríguez compensación de $20,000 por sus daños y $2,000 para los honorarios de sus abogados. Tanto Ortiz Rodríguez como Rodríguez Rosa testificaron durante el juicio en octubre pasado, pero el juez ya había desestimado la demanda contra el exadministrador encontrando que las acciones que realizó en el caso estaban cobijadas por la inmunidad condicionada de las que disfrutan los funcionarios públicos en sus acciones oficiales.

Ortiz Rodríguez es empleada de la CFSE desde 2017 y, aunque ya fue designada, no ha asumido en propiedad porque la Junta de la corporación tiene que ratificar la designación de la gobernadora y el administrador actual Noé Marcano Rivera ha planteado que a su nombramiento le quedan unos cinco años de vigencia y que tendría que ser compensado si se le remueve antes de tiempo.

La demanda de la funcionaria alegaba que fue víctima de ambiente hostil por apoyar a Jenniffer González Colón en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) contra Pedro Pierluisi Urrutia, pero la sentencia no contiene alusión alguna a esto.

“(Ortiz Rodríguez) fue investigada por alegadas irregularidades en la formalización y liquidación de pólizas de patrono; por asistencia; por hallazgos de documentos en el baúl de un vehículo oficial; y, por alegado uso de un vehículo perteneciente a un contratista de la CFSE”, dijo el juez en la sentencia al añadir que, sin embargo, que “la CFSE (no) presentó en el juicio prueba sobre dichas investigaciones”.

“Concluimos que dichas investigaciones fueron instadas con el propósito de hostigar y discriminar contra la señora Ortiz Rodríguez luego de esta haber ejercido su derecho protegido a denunciar, reconocido en el Código Anticorrupción”, finalizó.

Vea:

En el Fondo, jefe no se quiere ir y jefa designada tiene demanda pendiente contra la agencia