«No vamos a claudicar en esa misión. Porque ese compromiso trasciende las agendas de terceros», dijo la presidenta del colegio, Ivette Rodríguez.

La presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, Ivette Rodríguez, dijo hoy que la decisión del Tribunal Supremo de declarar inconstitucional el requisito de afiliación compulsoria no afectará el trabajo que realiza la institución.

Anunció, además, que solicitará una reconsideración al tribunal.

“En el Colegio de Cirujanos Dentistas tenemos clara nuestra misión de proteger la profesión que nos permite servir y aportar a la salud de los ciudadanos, en todas las etapas de sus vidas. No vamos a claudicar en esa misión. Porque ese compromiso trasciende las agendas de terceros. Es nuestro deber, como presidenta del Colegio, quien representa a todos los colegas que comparten nuestra misión y propósito, el ejercer el derecho de solicitar al Tribunal que reconsidere su posición y agotar todos los remedios disponibles en ley”, dijo la doctora Rodríguez en declaraciones escritas.

“Colegas, no hay decisión en el mundo que pueda cambiar nuestro deber y dedicación hacia nuestros pacientes y con Puerto Rico. Ser miembro de esta institución es una decisión que supera los beneficios que como profesionales recibimos porque el Colegio ha asumido los servicios que el Estado no puede ofrecer. Muestra de ello es nuestra Comisión de quejas y agravios, que contribuye significativamente a evitar la sobrecarga de demandas en nuestro sistema de tribunales, así como la continua lucha, para erradicar la práctica dental ilegal de quienes anteponen sus intereses a la salud de los pacientes”, manifestó.

Ayer, viernes, el Supremo declaró inconstitucional el requisito de afiliación compulsoria al Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.

En la decisión, escrita por el juez asociado Rafael Martínez Torres, se estableció “que la conclusión a la que llegamos hoy, en nada afecta la capacidad legal del Colegio de Cirujanos Dentistas de continuar operando y realizando su labor encomiable en beneficio de la profesión y de la salud pública. El deber bien cumplido es la mejor carta de presentación de una asociación de membresía voluntaria”.

La jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, emitió una opinión disidente.

“Correspondía concluir que la colegiación voluntaria no constituye el medio menos oneroso para adelantar el interés apremiante del Estado. Al disponer lo contrario, una mayoría de este Tribunal aborda, una vez más, la controversia de la colegiación compulsoria sin considerar las particularidades del colegio en cuestión y en total abstracción de las consecuencias de su dictamen. A la luz del efecto grave que esto tiene para salud de las puertorriqueñas y los puertorriqueños, respetuosamente, disiento”, expresó Oronoz Rodríguez.

Además, el juez asociado Ángel Colón Pérez tampoco estuvo de acuerdo y estableció que “el requisito de colegiación compulsoria que se exige en nuestro País como condición para ejercer determinadas profesiones es una medida de protección social. Éste, a todas luces, puede cohabitar en nuestro ordenamiento jurídico con el derecho constitucional a la libre asociación. Uno no cancela al otro”.

El caso para eliminar el requisito compulsorio fue radicado por la doctora Liselie Reyes Martínez.