Por seis años, un desarrollador que disfrutó de la Ley 22 defraudó a 30 personas con cuentos de proyectos inexistentes y, cuando se vio acorralado, atentó contra su vida.

Barry Breeman, desarrollador que ha estado haciendo negocios en Puerto Rico desde 1996 y que fue beneficiario de decreto contributivo bajo la Ley 60 (antigüa Ley 22), se declaró culpable a nivel federal por hacer promesas de proyectos de construcción que eran inexistentes, pero que le sirvieron para sacarle $13 millones a unas 30 víctimas.

El hombre de 75 años aceptó culpa el viernes pasado en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, después de que la fiscalía federal le presentara una querella directa (information).

Según la querella, el esquema duró de 2018 a 2024 y comenzó después de que Breeman “sufriera un percance profesional en su negocio legítimo de bienes raíces”. Entonces, comenzó a solicitar inversiones en proyectos fingidos para tratar de recuperarse de las pérdidas en su negocio. El desarrollador no tenía conexión con los proyectos que promovía ni autoridad para vender participaciones en ellos. Eran oportunidades de inversión “fabricadas”, comúnmente conocido como un esquema Ponzi, por lo que se declaró culpable de un cargo de fraude en valores.

El documento criminal no tiene detalles de las transacciones y su decreto contributivo no es parte de las alegaciones, pero una demanda civil sometida en el mismo tribunal el 21 de marzo pasado revela el drama detrás del esquema.

Brian Costello es vecino de Breeman en el sector exclusivo de Tuxedo Park, en Nueva York, y se hicieron amigos porque sus hijos estudiaban en la misma escuela. Durante 15 años, Breeman aprovechó la amistad para sacarle a su vecino $1.7 millones en inversiones para distintos proyectos fingidos, incluyendo al menos dos en Puerto Rico. La inversión supuestamente le dejaría rendimiento de 12%, lo que nunca pasó.

Los proyectos en la isla serían a través de dos compañías de las que Breeman era parte. Una, Caribbean Property Group (CPG), se especializa en el mercado comercial y residencial de alto valor, incluyendo los hoteles Ritz Carlton en Dorado e Isla Verde, así como el controvertible Paseo Caribe. La otra era DDR Corp. que, al momento de los hechos en la demanda, manejaba centros comerciales como Plaza del Sol, Plaza Río Hondo, Señorial Plaza, Plaza Escorial y Plaza del Norte. En una tercera ocasión, Breeman ofreció a Costello participación en el Condado Duo (los hoteles La Concha y Condado Vanderbilt).

Convencido de que estaba a punto de ser descubierto, el desarrollador intentó suicidarse en septiembre pasado, pero recibió cuidado médico y sobrevivió. El incidente está relatado en la demanda de Costello quien, a su vez, lo supo porque la esposa de Breeman le entregó copia de la nota de despedida que preparó su esposo.

En la nota, indica el recurso, Breeman se mostraba ansioso porque su esquema se venía abajo y admitió que “robó un montón de dinero de muchos inversionistas para negocios de bienes raíces inexistentes”. Dejó instrucciones a su esposa para que se declarara en quiebra y escondiera activos, de forma que pudiera defenderse de “acreedores furiosos”. Y detalló que en su computadora portátil tenía una bitácora con detalle de personas y cantidades en su esquema.

El Registro de Corporaciones de Puerto Rico reflejan a Breeman involucrado en decenas de corporaciones, típico para desarrolladores que crean entes corporativos distintos para cada proyecto. Entre las que siguen activas hay de propiedades hoteleras e industriales.

Breeman fue el quinto inversionista que recibió decreto contributivo bajo la entonces Ley 22 en 2012 y se convirtió en promotor de ese beneficio tributario con comparecencias en televisión y en conferencias de reclutamiento de inversionistas. Por razones no detalladas, dejó de ser beneficiario en 2016. Un informe de 2024 que publicaron las organizaciones Puerto Rico no se Vende, Center for Popular Democracy y Hedge Clippers lo identifican como uno de los inversionistas residentes que más donativos había hecho a políticos locales con $25,885.

En su caso criminal, Breeman está libre bajo fianza de $250,000 y enfrenta sentencia el 9 de septiembre. No puede abrir cuentas bancarias ni líneas de crédito y tendría que pedir permiso para viajar a Puerto Rico.

Tanto Breeman como su esposa incumplieron un plazo que tenían el 1 de mayo para contestar la demanda en la que se divulga su intento de suicidio.

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