La acusación había sobrevivido una solicitud de desestimación por la falta de prueba sobre un acuerdo ilegal entre los acusados, pero no sobrevivió cuando ese argumento se llevó a la cúpula nueva de Justicia federal.

El trayecto legal que comenzó con una acusación por soborno en 2022 contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark T. Rossini, acabaría tres años después en un cargo menos grave por violación a las leyes federales de financiamiento de campaña, supo NotiCel.

Los elementos que provocaron la resolución habían estado presentes en el caso hace tiempo. Incluso, fueron materia de decisiones de la jueza federal Silvia Carreño Coll. Pero el cambio de administración en el Departamento de Justicia federal tras la juramentación del presidente Donald Trump, y la llegada al caso de quien fuera uno de los abogados de este, Christopher Kise, abrió la puerta para que los abogados defensores llevaran sus argumentos de falta de prueba a la cúpula de esa agencia.

De los tres acusados, Vázquez Garced es la que única que había dicho hace tiempo que estaba lista para ir a juicio. Más allá, llegó a plantear que prefería ir a juicio sola, en vez de seguir esperando porque se resolvieran las controversias que levantaron sus coacusados. Mientras Rossini y Herrera Velutini se mantenían en una lucha puntillosa con los fiscales porque el descubrimiento de prueba había sido demasiado amplio y el gobierno no había sido suficientemente claro de cuál de toda esa evidencia era la que iban a presentar en juicio, el equipo de la exgobernadora incluía a un detective privado, el exalguacil Roberto Vizcarrondo, quien, incluso, murió después de haber adelantado su investigación, lo que fue una de las razones para posponer el juicio de fines del año pasado a agosto próximo.

En 2023, los abogados de la también exsecretaria de Justicia habían pedido la desestimación de los cargos. El exfiscal Luis Plaza Mariota, Ignacio Fernández de Lahongrais y Peter John Porrata aceptaron que en la prueba de la fiscalía había expresiones de Herrera Velutini de que ayudaría políticamente a su cliente, y también que en la prueba está la comisión de los actos que el banquero quería de la gobernadora, pero rechazaron que la prueba tuviera el elemento del medio, la aceptación de ella de que el apoyo económico estaba condicionado a sus actos oficiales. Al decidir en contra, la jueza encontró que hubo comunicaciones sobre los acuerdos entre coacusados y otros conspiradores, y que tenía que ser el jurado el que decidiera “si se concretó un acuerdo, antes de que se diera o aceptara una cosa de valor”.

Tras las reuniones con la cúpula de Justicia federal, los abogados y fiscales avisaron ayer al tribunal que habían llegado a un acuerdo para resolver el caso mediante la radicación de “una acusación directa de un solo cargo”, por lo que pidieron una vista que, hasta ahora, no se ha señalado.

La moción no tiene indicios de cuál es el cargo, pero, al pedir una vista virtual, se enfatizó en que si fuera presencial Herrera Velutini no podía estar porque es un extranjero que, a este momento, no puede entrar a los Estados Unidos “porque su visa expiró”. Y ahí aterrizó el caso.

Después de que los abogados argumentaran al “liderato del departamento”, como dijeron en una moción hace tres semanas, de que no había prueba de Vázquez Garced accediendo directamente al “esto por aquello” (“quid pro quo”), los hechos del caso quedaron reducidos a que un extranjero, Herrera Velutini, aportó directa o indirectamente a una campaña electoral. Esto es una prohibición directa en la ley federal que aplica a cualquier elección en territorio estadounidense, sea federal, estatal o local, aunque, como en el caso de Puerto Rico, la ley de financiamiento estatal no prohíba esa conducta.

Se trata de un estatuto amplio que cometen el extranjero que da el donativo, el político que lo recibe y cualquiera que lo viabilice. Solo requiere que un extranjero, como el banquero italovenezolano, sea el origen de cualquier tipo de ayuda a una campaña política. Puede ser con actos directos o indirectos e, incluso, se le impone al político la responsabilidad de “estar consciente de hechos que llevarían a una persona razonable” a saber o a indagar sobre que el origen del donativo es un extranjero.

El determinante que provee la ley para determinar gravedad, hasta cinco años de cárcel, es si el donativo es de más de $25,000. En este caso, la alegación es que Herrera Velutini pagó $315,000 a la firma de consultores políticos británica C|T Group para ayudar a Vázquez Garced en la primaria contra el exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia a cambio de que ésta removiera al entonces jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y lo sustituyera con un consultor de su banco, Bancrédito International Bank & Trust. Pero frecuentemente las conversaciones para aceptar culpa conllevan una reducción de las cantidades involucradas y, en esta ocasión, la moción anuncia un “information”, que es el mecanismo mediante el que se tramitan casos menos graves. De ser la modalidad menos grave, ninguno de los tres debe esperar cumplir cárcel.

La presentación de una acusación directa presagia también que el pliego acusatorio, con sus siete cargos de conspiración, soborno y fraude electrónico, sería desestimado. Por la misma vía, no se escucharán los testimonios que se intimaban en el pliego y en mociones posteriores, y que incluye a las exasesoras de Vázquez Garced, Marisol Blasco Montaña y Lillian Sánchez Pérez, así como al inversionista residente Fahad Ghaffar. Tampoco de dos que ya se habían declarado culpables, la expresidenta de Bancrédito, Frances Díaz Fossé, y el exagente político de Vázquez Garced, John Blakeman Ortiz.

Por el lado de la defensa, también queda fuera de posibilidad el que Rossini amplíe sobre sus argumentos que tienen que ver con cuando el FBI alambró a Vázquez Garced porque esta se sentía extorsionada por parte de la hoy gobernadora Jenniffer González Colón y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Esto, durante la lucha de sucesión que hubo cuando el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares renunció y la gobernación recayó, por disposición constitucional, en Vázquez Garced.

Ya el proceso había sido bifurcado para que primero fuera a juicio la alegación de que Herrera Velutini sobornó a Vázquez Garced y luego se hiciera el juicio de la alegación de que el banquero prosiguió su faena ilegal con un soborno que creía era para Pierluisi Urrutia, pero que realmente era una operación encubierta del gobierno con el recaudador Joseph Fuentes Fernández. Los fiscales ya tenían problema con Fuentes Fernández, a quien tuvieron que procesar por obstrucción a la justicia por avisarle a un testigo que era un encubierto y que tuviera cuidado con lo que expresaba. De hecho, habían dicho que no usarían al recaudador como testigo.

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