Empleados afiliados al PPD fueron chivos expiatorios en trama de Hermes Ávila
Demanda federal imputa que exsecretaria de Corrección, Ana Escobar, despidió a populares para proteger al contratista de servicios médicos vinculado con el PNP.
Los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que tuvieron a su cargo la supervisión en la libre comunidad del confinado Hermes Ávila Vázquez sometieron una demanda federal en la que imputan que fueron despedidos por discrimen político.
La reclamación sometida el viernes es la primera secuela legal conocida por las acciones que la exsecretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, tomó como respuesta al escándalo y la fiscalización que se activó cuando Ávila Vázquez asesinó a una mujer, mientras disfrutaba de un pase que se le otorgó porque supuestamente estaba parapléjico, cuando realmente podía moverse normalmente sobre sus propios pies.
Como resultado del asesinato de Joan Ivette Meléndez Vega en abril de 2024, Ávila Vázquez volvió a prisión no solo porque se le revocó el pase, sino porque fue acusado y condenado por esa muerte, el tercer feminicidio que comete. El hecho provocó una investigación senatorial centrada en la intervención de Physician H.M.O. Inc., el suplidor de servicios médicos del DCR que certificó, a través de un panel de médicos, que el reo era elegible al pase por su paraplejia. Entre los hallazgos, estuvo que se habían levantado razones para rescindir ese contrato, separadas del episodio con Ávila Vázquez, pero la agencia no tomó acción y le renovó el acuerdo, aumentándole la cantidad de compensación.
Los dueños de Physician H.M.O. son donantes del Partido Nuevo Progresista, incluyendo del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien intentó intimidar al nuevo secretario del DCR, Francisco Antonio Quiñones Rivera, para que no alterara el contrato. El secretario ha dicho, sin embargo, que el acuerdo será cancelado. Physician H.M.O. también recurrió a los servicios de la firma de cabilderos Politank, asociada al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández.
Tras una investigación del Departamento de Justicia, los médicos que intervinieron en el caso acabaron referidos a la casi inoperante Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica y ocho empleados de Corrección fueron destituidos, incluyendo los demandantes, los técnicos sociopenales Julissa Beauchamp Ríos y Jimmy de Jesús Colón.
“Para sorpresa de la codemandante Beauchamp Ríos, la codemandada Ana Escobar Pabón le dijo que el tema había recibido mucha publicidad y que ella tenía que proteger a los doctores de (Physician H.M.O.) que eran miembros importantes del partido (refiriéndose al Partido Nuevo Progresista). Que, desafortunadamente, la soga siempre parte por lo más fino y que (Beauchamp Ríos) ni De Jesús Colón eran miembros del Partido Nuevo Progresista que, al contrario, la información que tenía es que ambos son miembros del Partido Popular Democrático”, indica la demanda sobre una conversación que hubo después de las destituciones.
Los demandantes afirman que son populares y que, cuando el DCR concedió el pase en abril de 2023, la supervisión de Ávila Vázquez fue asignada a De Jesús Colón porque inicialmente no se reflejó que se trataba de un ofensor sexual. Días después, se le reasignó a Beauchamp Ríos, quien estaba a cargo de la Unidad de Ofensores Sexuales.
Ávila Vázquez era uno de 56 casos que la mujer tenía pendiente en 10 municipios. La técnico no recibió instrucciones especiales para el manejo de ese expediente y, según la demanda, tuvo seis entrevistas de oficina en las que Ávila Vázquez asistió acompañado de la enfermera Virginia Oquendo Camacho, a quien se vinculó sentimentalmente con el reo y quien también fue despedida de la agencia. El hombre fue a todas las citas en silla de ruedas. La técnico habló varias veces con la casera del reo y visitó el hogar en cuatro ocasiones, hablando con ella y con vecinos. De las visitas no surgió ninguna violación de condiciones o circunstancia preocupante.
El día después del asesinato de Meléndez Vega, prosigue la demanda, el director del programa comunitario del DCR, Efraín Afanador Vázquez, llamó a la técnico y la felicitó por su manejo del expediente de Ávila Vázquez. En ese momento, estaba presente Celia Cosme Márquez, funcionaria a quien Escobar Pabón delegó la evaluación y concesión de los pases y quien también fue despedida. Además, la felicitó Jeanette Rodríguez Robles, directora del negociado de Programas y Servicios.
Beauchamp Ríos participó de la vista para revocar el pase a Ávila Vázquez. Pero entonces, el 6 de diciembre de 2024, la técnico recibió una carta de destitución por parte de Escobar Pabón en la que se le imputaba negligencia crasa en el desempeño de su cargo. Aunque la recibió en diciembre, la carta estaba fechada tres semanas antes, el 15 de noviembre. De la misma manera, la carta de destitución de De Jesús Colón estaba fechada el 15 de noviembre, aunque la recibió el 6 de diciembre.
La demanda sostiene que, después de esto, Beauchamp Ríos habló con Escobar Pabón para reclamarle por qué tanto ella como De Jesús Colón habían sido destituidos y ahí le habría expresado lo de las conexiones políticas y que la soga “parte por lo más fino”.
Los reclamantes piden compensación de $5 millones y que se les restituya en sus posiciones.
En abril de este año, los familiares de Meléndez Vega presentaron una demanda estatal por $41 millones.
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