En una orden que refleja desacuerdo con el desenlace del caso, la juez federal Silvia Carreño Coll estableció que la vista de aceptación de culpa será en persona y no por videoconferencia.

La juez federal Silvia Carreño Coll denegó la solicitud para que la vista de declaración de culpa en el caso Bancrédito fuera por videoconferencia y concedió hasta el 15 de julio para que las partes le den opciones de fecha para celebrar la vista presencialmente.

Esto implica que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero italovenezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark T. Rossini tendrán que ir personalmente al Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico a aceptar culpa por el cargo menos grave en que desembocó su caso.

La juez hizo la determinación en una orden en la que no escondió su desacuerdo con la forma en que culminó el procesamiento que comenzó en 2022 con un pliego acusatorio de gran jurado que contenía delitos graves de soborno y otros. Tras la intervención del subsecretario de Justicia federal, Todd Blanche, un exsocio de uno de los abogados de Herrera Velutini, se le dio la orden a los fiscales a que resolvieran el caso sin ir a juicio, lo que resultó en convertir la acusación original en una denuncia directa por el delito menos grave de donativo político por parte de un extranjero no nacionalizado (el banquero).

“Como el tribunal no violentará el principio de separación de poderes y, como tiene el mayor de los respetos por la Constitución y el estado de derecho, no tiene otra opción que respetar la decisión del gobierno”, afirmó la jueza.

Pero, como realizar la vista por videoconferencia es su discreción, y no su obligación, decidió que no va a hacerla así. La razón que presentaron las partes para pedir la vista por videoconferencia es que Herrera Velutini y Rossini residen fuera de Estados Unidos y, particularmente, el banquero no tiene visa.

“Si bien los acusados ahora enfrentan un delito menos grave, todavía es un delito que lacera la integridad de nuestro proceso electoral democrático. El delito representa un ataque a un principio fundamental de nuestra sociedad democrática: elecciones libres y justas”, añadió.

Carreño Coll recordó que, desde que se presentó hasta ahora, el caso ha sido litigado fuertemente, no solamente por los fiscales y los acusados, sino por otras partes que se vieron involucradas en controversias que se mantienen confidenciales y que abordan principalmente asuntos de descubrimiento de prueba.

“Más fundamentalmente, el récord también refleja que el tribunal denegó varias mociones de desestimación que retaban la suficiencia del pliego acusatorio”, subrayó.

“Sorprendentemente, la penalidad por violar (el delito menos grave) es una mera palmadita en la muñeca cuando se compara con la sentencia a la que se exponían los acusados si eran hallados culpables de la conducta imputada en el pliego. Pero, pues, la decisión del gobierno de cambiar de carril a última hora se permite porque, en última instancia, el gobierno decide cómo ejercerá su discreción de procesamiento”, argumentó.

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