La presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana Ana Irma Rivera Lassén fue entrevistada hoy por agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) acerca del referido que ella le hiciera al Departamento de Justicia sobre la compra de pruebas rápidas para la detección del COVID-19 realizada por el gobierno.
La candidata al Senado por acumulación expresó que el pueblo de Puerto Rico está pasando por un momento de crisis sanitaria.
«Las desigualdades sociales hacen más fuerte y doloroso enfrentar el aislamiento impuesto si no se tienen las necesidades básicas cubiertas. La salud, la vivienda, la alimentación, la paz y la seguridad en el hogar además de derechos son, entre otras, preocupaciones de día a día de nuestra gente», puntualizó en declaraciones escritas.
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«Es nuestro derecho también saber quiénes buscan lucrarse con el dolor y quiénes permiten desde el gobierno que esto suceda. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser parte de las medidas para enfrentar el COVID-19», concluyó.
La transacción de las pruebas, a un costo de $38 millones, fueron hechas a la compañía Apex General Contractors, vinculada al Partido Nuevo Progresista (PNP).
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