Alegan discrimen contra alumnos asiáticos.

El Gobierno de Estados Unidos pidió hoy a una corte federal llevar a juicio un caso de discriminación racial positiva contra la Universidad de Harvard tras surgir quejas de que sus normas perjudican a los alumnos de origen asiático.

El Departamento de Justicia registró este jueves un documento en el tribunal federal para el Distrito de Massachusetts, al que corresponde Harvard, contra una solicitud del centro educativo para que se sobreseyera la causa y se evitara el juicio, lo que de facto supondría que las acusaciones contra Harvard pudieran juzgarse.

En concreto, el caso se centra en las alegaciones de más de 60 organizaciones asio-estadounidenses que sostienen que las normas de aceptación internas, que según la universidad pretenden garantizar la diversidad en su campus, perjudican a los alumnos de origen asiático.

En este sentido, la organización Students For Fair Admissions demandó a Harvard ante la corte en 2014 y en 2017 el Gobierno del presiente Donald Trump inició una investigación sobre el caso que aún prosigue.

De acuerdo al Ejecutivo, las pruebas presentadas por los demandantes han demostrado que los procedimientos de discriminación del reconocido centro son ‘ilegales’.

En este sentido, el titular de la cartera de Justicia, Jeff Sessions, consideró que como receptora de dinero público ‘Harvard tiene la responsabilidad de conducir sus admisiones sin discriminación racial empleando importantes criterios de admisión que cumplan con los requisitos legales’, según un comunicado.

Desde el Gobierno, recordaron que el Tribunal Supremo reconoce la discriminación positiva en aras de la diversidad hasta que esta ya no sea necesaria y amparándose en una argumentación, dos aspectos que el departamento no observa en Harvard. ‘No lo han demostrado’, aseguraron.

Así, un funcionario del departamento argumentó que la universidad lleva empleando estas prácticas 45 años sin contemplar ‘seriamente’ ninguna alternativa.

‘Están orgullosos de cómo lo hacen por la diversidad (…). Está pasando en muchos otros lugares, sobre todo en las costas este y oeste’, aseguró el funcionario.

Al ser preguntado por si el objetivo del Gobierno es que el Supremo determine la ilegalidad de la discriminación positiva, el empleado público incidió en que no van a tomar ‘una postura en lo que las cortes superiores deben hacer’.

El funcionario tambien explicó que, una vez concluya la investigación que mantienen abierta sobre el proceso, decidirán si demandar o no a la universidad.

La medida del Ejecutivo se enmarca en un contexto en el que el presidente anuló el pasado julio un total de 24 directivas que había firmado su predecesor, Barack Obama, para potenciar la presencia en las universidades de las mino rías hispana y afroamericana mediante la discriminación positiva.