El caucus de senadores estudiantiles, del recinto riopiedrense de la Universidad de Puerto Rico (UPR), presentó una moción el jueves en la que exigían que la Junta de Gobierno extienda el plazo de tiempo para rendir el informe sobre la nueva estructura de cargos por creditos estudiantiles, dado a que la Presidencia aún no ha presentado su plan de reestructuración administrativa.

El segundo Comité de Asesoramiento para el Financiamiento Institucional (CAFI II) presentó el informe preliminar ante el Senado Académico para recibir el insumo de la comunidad universitaria, previo a hacer su recomendación a la Junta de Gobierno en febrero.

A preguntas de los demás senadores, el vicepresidente del CAFI II, Christian Arvelo, expresó sus reservas sobre el proceso de evaluación de los costos de matrícula. ‘Creo que antes de evaluar los costos de estudio, tenemos que saber si verdaderamente estamos administrando bien la Institución’, mencionó.

Pese a que el presidente Uroyoán Walker ha reconocido que hay burocracias excesivas en la administración del primer centro docente del país, el plan de reestructuración no se ha presentado. ‘Llevamos un año esperando el plan de reestructuración del Presidente… Sin embargo, le han metido presión al comité para que presente los resultados’, cuestionó Arvelo.

El caucus pidió, además, que se haga requisito un estudio del perfil socioeconómico de los estudiantado, tras el planteamiento que hizo la decana de estudiantes, Gloria Diaz Urbina. ‘Nosotros mismos estamos empujando nuestros estudiantes fuera’, mencionó en torno a la total ignorancia que existe de la realidad diversa de cada estudiante. A su oficina llegan casos de estudiantes que los padres perdieron su empleo, que les van a hipotecar la casa o que se han intentado suicidar’, detalló.

La propuesta del comité es que se disminuya la subvención automática que reciben los estudiantes en el costo de su matrícula proveniente de la fórmula de 9.8% del total de ingresos del Gobierno, para invertir una parte de esos fondos en internados y becas estudiantiles para los menos pudientes. Esto implicaría una reducción en el costo de la matrícula a los estudiantes con ingresos familiares menores de $50,000, pero aumentarían para aquellos con ingresos familiares mayores de $75,000. Los estudiantes con ingresos familiares de entre $50,000 y $75,000 permanecerán prácticamente igual, según el presidente del CAFI II, Edgard Resto.