La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ya tiene el informe de progreso del comite de financiamiento institucional, donde se propone un modelo diferente de matrícula, en el que los recursos universitarios son dirigidos, en mayor grado, a los estudiantes ‘que más necesitan la inversión del Estado’, mientras se establece un cargo mayor a quienes tienen más ingresos.

En momentos en que la población beneficiaria del programa de asistencia nutricional(PAN) sigue en aumento, particularmente los ancianos y trabajadores pobres, la UPR encomendó a un grupo de académicos revisar los cargos de matrícula, con el objetivo de establecer un modelo permanente que aporte a ‘la movilidad social’ de la ciudadanía puertorriqueña, mediante el aumento de acceso, retención y graduación de estudiantes.

La propuesta va a tono con la Ley orgánica de la Universidad, cuyo objetivo es ‘desarrollar la riqueza intelectual y espiritual del pueblo, especialmente de los menos favorecidos en recursos económicos, para que puedan poner su inteligencia y personalidades excepcionales al servicio de la sociedad puertorriqueña’.

En entrevista previa con este diario, el economista Joaquín Villamil, había argumentado que en Puerto Rico es muy difícil salir de la pobreza. Los jóvenes que rompen ese patrón son usualmente quienes ven los estudios como un método de superación.

César Rey, catedrático de Administración Pública, también había advertido sobre un incremento en la desigualdad ante la creciente emigración de puertorriqueños a Estados Unidos, debido a que la mayoría de los que emigran son parte de la fuerza trabajadora.

La propuesta a la Junta no persigue allegar más fondos a la Universidad o enderezar su situación fiscal, sino que se remite exclusivamente a las tasas de acceso, al garantizar que el 66% de los admitidos sean personas con los ingresos familiares más bajos. Pese a que no especifica cuál será el límite de ingreso en cada categoría, la clasificación del estudiantado se hará en torno a factores como: la escuela de procedencia, el lugar de residencia, el tamaño del núcleo familiar, los activos familiares, la situación laboral de la familia y la educación de los padres o encargados.

El estudiantado clasificado dentro de los dos nivelescon los ingresos más altos representará el 24% y 10% de la tasa de admitidos, respectivamente.

Si la propuesta es avalada por la Junta, los estudiantes recibirán una carta al inicio del año académico, donde se le informará que el costo de su año académico es de $14,995, incluyendo matrícula y créditos de estudio, pero tendrán una subvención automática del Estado, sin importar su nivel socioeconómico. El comité recomendó que esa subvención sea entre 68% y 70%, lo cual representaría entre $8,997 y $10,497 de descuento del costo total.

‘El cambio de un subsidio automático del 89% como lo tenemos en la actualidad, a un por ciento menor es necesario para poder redistribuir los recursos universitarios a los estudiantes que más necesitan la inversión del Estado’, lee el informe.

Habrá también un fondo de becas automático de hasta un 14% a los estudiantes con la mayor necesidad socioeconómica. Esto significará que el 10% de los estudiantes con los ingresos más altos, le tocará aportar 22% de cargo neto, mientras que la población menos pudiente recibirá un descuento adicional, por lo que terminará pagando como 2% de cargo neto.

Estos cambios permitirán, además, redirigir $60 millones a un Programa de Estudios, Investigación e Internados (EII), que permitirá aumentar los servicios académicos y comunitarios, a la vez que la capacitación profesional, indica el informe. Los estudiantes podrán participar del EII sin importar su nivel socioeconómico, pero aquellos con la mayor desventaja económica recibirán un estipendio de 16% por su participación, los clasificados en el nivel B recibirán un 12%, mientras que los últimos dos niveles recibirán un 10%.

Esto permitirá que todo el estudiantado invierta entre 9 a 12 horas semanales en investigación e internados, lo cual se traducirá en diez millones de horas de servicio e investigación al año, celebra el informe.

Oposición estudiantil

En alerta ante la posible reestructuración de los costos de matrícula, el estudiantado de la UPR, en Cayey, aprobó en asamblea general una moción el martes para expresarle a la Junta de Gobierno su oposición a un alza en la matrícula. ‘Queremos que se evalúen otros medios de recaudo y que estos no afecten a la comunidad estudiantil’, indicó la presidenta, Stephanie Rodríguez. ‘De la Junta aprobar un aumento, nos iremos hasta las últimas consecuencias, sin excluir un paro’, explicó sobre el voto estudiantil.

*Modificado para aclarar que es un informe de progreso.