La Cámara de Representantes aprobó el miercoles con enmiendas el Proyecto de la Cámara 638, proyecto por petición radicado por el representante Luis Vega Ramos, que deroga la Ley 128-2010, Ley de la Universidad de Puerto Rico, con el propósito de devolverle a la Universidad el poder de auto-reglamentarse y auto-gobernarse desde las estructuras universitarias.

‘Este proyecto es una petición de los propios estudiantes de la UPR para que se revierta la intromisión indebida del gobierno pasado en los procesos de toma de decisiones del cuerpo estudiantil. No le impone condiciones desde afuera a nuestros estudiantes de cómo expresarse y decidir sobre los asuntos universitarios que le competen. La presidencia de la UPR favorece este proyecto informando que la Ley 128-2010 ha sido ineficaz’, explicó Vega Ramos en un comunicado de prensa.

La Ley 128 del 2010, aprobada por la pasada administración de Gobierno, dispone enmiendas a la Ley de la Universidad de Puerto Rico particularmente en lo que concierne a las secciones orgánicas de sus distintos cuerpos de gobernanza y modifica mediante ley lo que se ha establecido a través de reglamentos por más de medio siglo en la Universidad: sus procedimientos democráticos internos. Su resultado fue la inflexibilización de los procedimientos democráticos universitarios, no sólo de asambleas estudiantiles sino también para cada uno de las distintas estructuras de gobierno de la Universidad, desde los Senados académicos hasta la Junta Universitaria.

Por su parte, el representante Manuel Natal Albelo, quien fuera líder estudiantil de la UPR durante el 2010, hizo un recuento de las acciones tomadas por la pasada administración y la Legislatura en contra de la UPR y sus estudiantes al tiempo que calificó la aprobación de la medida como ‘punto final a un intento fallido de lograr mediante la imposición legislativa lo que no lograron con votos estudiantiles’.

Por más de cuatro décadas la ley orgánica de la UPR ha reconocido la necesidad de preservar a capacidad de la comunidad universitarias de reglamentarse en sus propias actividades y la administración de la Universidad lo que llamamos y defendemos de la autonomía universitaria. En 1972 se le devolvió por ley al estudiantado universitario la confianza y el espacio necesario para que gobiernen sobre aquellos asuntos que le son propios en el entorno universitario.