El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), doctor Jorge Sánchez, expresó el miercoles que las medidas de control de gastos que estableció el Presidente del primer centro docente del país son medidas prudentes que cuentan con su apoyo.

‘Desde que la Junta inició sus funciones en el 2013, se ha mantenido en una continua búsqueda de eficiencias en las operaciones de la Universidad, para que se revisen estructuras y procesos en busca de maximizar los recursos que se reciben del erario. Toda medida que se tome en esa dirección es saludable y necesaria para la institución, así como lo es para cualquier otra entidad que tiene que asegurar el mejor uso de los fondos públicos, especialmente en estos tiempos de dificultad fiscal’, señaló Sánchez en un comunicado de prensa.

El presidente de la Universidad, Uroyoán Walker Ramos, sostuvo que se trata de medidas tomadas para limitar la emisión de nuevas obligaciones mediante requisiciones u órdenes de compra en un periodo en el que no se afectan los ofrecimientos o servicios académicos pues las unidades estarán en los recesos académicos regulares.

‘El presidente de la Universidad, doctor Uroyoán Walker, junto a los Rectores como principales ejecutivos de la Universidad, saben que es su deber la administración responsable de los fondos que se les asignan, y ello incluye la formulación de recomendaciones para lograr eficiencias en las operaciones de la institución’, expresó el doctor Sánchez. Lo importante, señaló, es asegurar el mejor uso posible de los recursos que haya disponibles sin que se impacte la función esencial de la institución y tomando en consideración las diferentes situaciones de las unidades.

La Universidad de Puerto Rico (UPR) ha dejado de devengar $95 millones del presupuesto que le corresponde por concepto de la fórmula de 9.6% de los ingresos del Fondo General, según los números provistos por la institución para justificar la paralización de desembolsos en los recintos.

Congelar las cuentas bancarias de los 11 recintos correspondió, según Administración Central, a la situación fiscal que limita el flujo de efectivo de la institución. La determinación se tomó sin previo aviso a la Junta de Gobierno, que estuvo reunida ese mismo día. Aún así, Sánchez aseguró su apoyo a las medidas de control de gastos.

La Institución debe recibir este año $833.9 millones de ingresos estatales que provienen del Fondo General.

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