El presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Guillermo Guasp Perez, advirtió que el atraso en la publicación del informe de las becas presidenciales puede tener el efecto de que prescriban los posibles delitos cometidos en el proceso de otorgar las becas.

‘Hemos visto cómo desde el primer día que se denunció el esquema de las becas presidenciales se trató de proteger a ciertos funcionarios universitarios que usaron las becas presidenciales para beneficiar a sus amigos y familiares. La segunda parte de esa estrategia fue dilatar el informe para ver si se olvidaba y la comunidad universitaria no reclamaba acción. La tercera parte de esa estrategia fue no divulgar el informe, mientras se castigó al estudiantado por haber denunciado la aparente corrupción en la otorgación en esas becas. Y la última pieza en ese rompecabeza es ver si algunos de esos delitos prescriben’, denunció Guasp Pérez mediante un comunicado de prensa.

El estudiante hizo énfasis en que no se justifica la lentitud en tomar acciones cuando de la investigación desarrollada por tres abogados seleccionados por la Junta de Gobierno surge que hubo violación a las leyes y reglamentos.

‘La comisión investigadora, integrada por el Lcdo. Samuel Céspedes Soto, Lcda. Dora Monserrate Peñagarícano, y el Lcdo. Juan A. Casillas Fernández, señaló en la transmisión de la reunión de la Junta de Gobierno que como resultado de su investigación pudieron demostrar que hubo incumplimiento con los reglamentos universitarios, con las leyes, y claros privilegios concedidos a los becarios de Río Piedras. Sin embargo, la Junta de Gobierno decidió actuar con la mayor tranquilidad en el proceso lo que puede ser adjudicado a un interés de encubrir los delitos señalados por la comisión investigadora, en especial cuando está cerca de haber pasado un año de haberse dado el proceso irregular de las becas presidenciales Acaso no les preocupa que la UPR esté siendo dirigidas por personas que violaron la ley?’, cuestionó el estudiante de Economía que finaliza su término frente al CGE el próximo jueves.

De otro lado, también condenó que el presidente de la Universidad, Dr. Uroyoán Walker Ramos, sea quien recomiende personas para ocupar las vacantes en la Junta de Gobierno de la institución sin que se haya tomado una decisión final sobre la investigación en curso.

‘Mientras se da el asunto del posible encubrimiento, se está utilizando el tema del aumento en la matrícula para que el Presidente de la UPR seleccione a personas de su confianza para que sean miembros de la Junta de Gobierno. Estas personas serían quienes determinarían las acciones que se van a llevar a cabo producto de la investigación en la que posiblemente está implicado. Eso es un conflicto ético craso y merece el mayor repudio del país’, puntualizó Guasp Pérez.

Entretanto, la senadora del Partido Popular Democrático (PPD),MariTereGonzález, al igual que su homólogo por el Partido Nuevo Progresista (PNP), LarrySeilhamer, sometieron, respectivamente, una petición al Alto Cuerpo para exigir la entrega del informe completo de la investigación del programa de becas presidenciales a la Junta de Gobierno de la UPR. La misma fue aceptada por el Senado.

‘El Senado tiene el deber de fiscalizar, más aún cuando la Universidad de Puerto Rico recibe fondos públicos y dicho Informe fue sufragado con dinero del erario. La Petición se realizó conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico que indica que se deberá proveer a la Secretaría de la Junta de Gobierno de la UPR un término de cinco días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la información requerida al Senado’, expresó Seilhamer Rodríguez en comunicado de prensa.

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico recibió el lunes un informe de 161 páginas sobre el proceso de otorgación de las becas presidenciales en esa institución, pero rehusó divulgarlo hasta una fecha futura incierta.

La investigación revelaría hallazgos concretos relativos a la forma en que se otorgaron dichas becas a allegados de figuras universitarias como el expresidente Antonio García Padilla y al Dr. Jorge Sánchez Colón, expresidente de la Junta de Gobierno cuya renuncia fue anunciada el lunes.

En su reunión ordinaria, la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno de la institución educativa decidieron no circular el informe final aún para identificar si existe una posible violación de las normas de confidencialidad que protegen a las personas implicadas.

Llamado a detener aumento de matrícula

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), principal organización que representa docentes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), expresó su rechazo a la decisión de la Junta de Gobierno de levantar la moratoria vigente desde el 2013 sobre el aumento escalonado a estudiantes de nuevo ingreso.

El presidente de la APPU, Miguel Hernández Mercado, manifestó su oposición ante esta decisión, ya que el presupuesto presentado por Presidente de la UPR ante la Legislatura no reflejaba ingresos por concepto de ajuste en costo por crédito. De hecho, el Dr. Uroyoán Walker destacó durante su presentación que el presupuesto representaba un aumento de $13.1 millones con relación al vigente.

‘Es una decisión desacertada, y que no toma en cuenta que experimentamos el momento de mayor inestabilidad e incertidumbre económica de los últimos tiempos. Es irresponsable, insensible y desvinculada de la realidad que vive el país. Los ingresos esperados por esta decisión (cerca de $750 mil anuales) no representan una cifra que haga una diferencia sustancial en el presupuesto’, expresó Hernández, a la vez que indicó que la determinación afectará a más de 12 mil familias.

Este aumento se aprueba, mientras la comunidad universitaria espera que la administración universitaria presente recortes en la nómina de confianza de Administración Central y los Recintos. Además, la Junta de Gobierno y la comunidad universitaria invirtieron más de tres años en un proceso de revisión del método y condiciones para establecer los cargos de matrícula (CAFI II), y la reciente decisión no considera los hallazgos y recomendaciones de este comité.

Por último, la APPUhizo un llamado al Dr. Carlos Pérez, nuevo Presidente de la Junta de Gobierno a reconsiderar esta determinación.

Por su parte, el rector de la Universidad de Puerto Rico (UPR-Cayey), doctor Mario Medina Cabán, se expresó a favor de que la Universidad de Puerto Rico (UPR) continúe identificando iniciativas de desarrollo económico que eviten un aumento escalonado en los costos de la matrícula de sus estudiantes. Esto en el contexto del recién aprobado aumento en el costo de la matrícula a los estudiantes de nuevo ingreso avalado por la Junta de Gobierno de la UPR.

‘Toda la comunidad universitaria entiende la difícil situación económica que atraviesa el país. Este es un momento de oportunidades para que la universidad sea de forma aún más evidente el epicentro del desarrollo económico del país a través del desarrollo de iniciativas cooperativistas, investigaciones, propiedad intelectual, apoyo y asesoría a municipios y comunidades’, expresó el Rector.