La Rama Judicial ha sufrido un recorte de 178 millones de dólares y la Universidad de Puerto Rico (UPR) de aproximadamente 200 millones de dólares en los pasados 3 años fiscales respectivamente debido a la congelación de la fórmula presupuestaria que estableció la Ley 66 del 2014, conocida como ‘Ley Especial para la Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’.

La ley de la Administración García Padilla redujo los ingresos que ambas dependencias recibían del Fondo General debido a la inestabilidad de los ingresos recaudados en el 2013, que se contrajeron por -1.8%. Desde el 2014, se congeló la asignación presupuestaria que recibían del erario, aunque para ese año los ingresos del Estado aumentaron 6.3%, para el próximo volvieron a disminuir por -0.8%.

El economista Julio César Hernández explicó que ‘en un momento los ingresos al Fondo General comenzaron a reducirse, pero principalmente en varios de los periodos anteriores, 2008-2010, hubo una reducción al Fondo General. 2013 también, ya se veía la situación fiscal bien tensa en el Gobierno y se decidió ponerlo fijo’. Pero según el también profesor de la UPR-Cayey, no es una cuestión de ‘detrimento’ a la Institución, ya que en términos generales ‘era lo que el Gobierno tenía que hacer’.

En la Universidad, los gastos de funcionamiento se mantuvieron en $834 millones, o sea 8.7% del presupuesto recomendado para el año fiscal 2014-2015. Sin embargo, este no es el único recorte de dinero que sufre el primer centro docente, según explicó el representante estudiantil graduado en la Junta de Gobierno de la UPR, Gilberto Domínguez Escalera, también el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) tenía una línea de crédito con la Universidad de alrededor de 70 millones de dólares y, a la misma vez, la Institución tenía depositado alrededor de 94 millones de dólares. ‘La realidad es que ya es un secreto a voces, ese es un Banco que opera sin capital (…) Nosotros, como estudiantes, le pedimos desde el 2015, cuando se dio la crisis del BGF, un tiempo antes, meses antes, que retirara los fondos del BGF cuando sabíamos que iba a ocurrir esta situación’, explicó en una entrevista telefónica.

Según la presidenta interina, Nivia Fernández, en total hay casi $300 millones que la Institución ha dejado de recibir entre los fondos congelados y otros ingresos. En una entrevista con NotiCel, indicó que los efectos se han marcado por los días de vacaciones, los días de enfermedad, la reducción de las compensaciones, de los contratos, entre otros. ‘Siempre hay un impacto en la programación, en los servicios estudiantiles, entonces, tienes que seguir dando igual calidad de servicios, ajustándote en tu eficiencia. Pero seguimos siendo la mejor Universidad en Puerto Rico y nuestra propuesta para el mundo. Pero ya llegamos a un punto que ahora tenemos que allegar más fondos, porque esos fondos del Fondo General de Puerto Rico, ya eso contractó y el perfil sociodemográfico nos demuestra que la población está envejeciendo. Por lo tanto, no podemos esperar que hayan más recaudos del Gobierno, eso lo veíamos venir y lo veíamos venir. Nos tocó ahora y ahora tenemos que buscar otra fuente de financimiento’.

‘Aunque en el concepto se ‘descongelen’, estamos pasando por otro ajuste, y si viene el ajuste de esos 833 millones de dólares, nos están diciendo que es hacia abajo, que va a hacer una ‘descongelación’, pero va a ser para abajo’, manifestó Fernández en referencia a los recortes de $300 millones propuestos este año por la Junta de Control Fiscal (JCF), ente creado por el Congreso federal en el 2016 para fiscalizar las finanzas de las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico.

En la Rama Judicial, hubo un recorte en el 2015 del 14% de su presupuesto, reducción equivalente a casi a 54 millones de dólares. El director administrativo de los Tribunales desde el año pasado, Sigrido Steidel Figueroa, le explicó a NotiCel las implicaciones que tuvo la congelación del incremento periódico que tenían los ingresos recurrentes. ‘Mediante resolución concurrente en los pasados 3 años fiscales, hubo una reducción a lo que nos hubiese correspondido por la fórmula y estableció en unos 315 millones de dólares, por los pasados 2 años fiscales, la cantidad de fondos a los que tendríamos, que recibiríamos de acuerdo a la fórmula’.

‘Sin duda, el impacto mayor que tuvo esa reducción presupuestaria en lo que estaba proyectado que recibiríamos, se ha manejado mediante reducción de gastos, más bien, operacionales administrativos, tomando en cuenta que nosotros tenemos que dar un servicio a la ciudadanía. Eso ha implicado que nosotros miráramos y negociaremos 28 contratos de arrendamiento que teníamos. Miramos ciertos tipos de costos operacionales que teníamos por concepto en esencia de enfermedad, de vacaciones e implicó que miramos algunas prioridades que teníamos de proyectos a corto-mediano y largo plazo que teníamos, para tratar de reenfocarlos, reducirlos (en) el impacto económico que hubiesen tenido en un presupuesto que ahora estaría menguado. Los jueces siguen haciendo su trabajado en los tribunales, atienden los casos que reciben. Nosotros no controlamos el flujo de casos que llegan, y en ese sentido, el servicio directo a la ciudadanía en el trámite de los casos no ha sufrido un impacto que pudiéramos decir ‘significativo’, por lo menos al momento. Lo que sí ha habido es que distintos proyectos de desarrollo, digamos desarrollo en implantación de tecnología, programas particulares de expansión como las salas especializadas de violencia domestica, pues hemos tenido que posponerlo’, aclaró Steidel Figueroa.

La estrategia del exgobernador Alejandro García Padilla comenzó a implantarse ante la crisis fiscal de muchas entidades, y se decretó la congelación de la fórmula presupuestaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Rama Judicial y los municipios. Pero no se afectaron las subvenciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina del Contralor Electoral (OCE) y el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI). Este precepto dejó sin efecto la legislación 286 del 2002 de la gobernanza de la entonces gobernadora Sila María Calderón, que estableció una autonomía presupuestaria.

NotiCel contactó con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para saber si hay más entidades afectadas por la fórmula presupuestaria, pero al cierre de esta edición, no se obtuvo una respuesta.