Aunque desde la Fortaleza se continuará respetando la política de no confrontación en la Universidad de Puerto Rico ( UPR), de suscitarse incidentes violentos dentro las unidades que componen el sistema universitario podría justificarse la entrada de las autoridades, dijo hoy el secretario de Asuntos Públicos de la Mansión Ejecutiva, Ramón Rosario.

‘La Policía de Puerto Rico… la política es que no va a intervenir. Claro está, si hay algunos actos de vandalismo, agresiones, si hay comisión de crimen, la Policía está obligada a intervenir. En relación a abrir los portones eso le toca a la comunidad universitaria’, declaró Rosario en rueda de prensa en la Fortaleza.

Sus declaraciones se dan en el marco de una orden de mandamus e interdicto provisional emitida por el Tribunal de Apelaciones a fin de reabrir los portones del recinto de Rio Piedras y reanudar clases en o antes del jueves 11 de mayo.

Sobre esta acción judicial, Rosario reiteró que la UPR posee autonomía propia por lo que sería tarea de la administración universitaria cumplir con el ordenamiento.

‘Ellos tienen su propia guardia universitaria, tienen su autonomía universitaria y ellos tendrán que manejar ese asunto en el seno de la UPR’, sentenció el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública.

No obstante, insistió que la postura de la administración de gobierno es a favor de mantener la universidad abierta y proveer las medidas necesarias para aminorar el impacto de los propuestos recortes de $450 millones que penden sobre la cabeza del centro docente.

En esa misma línea, Rosario anunció la radicación de cinco proyectos de administración, uno de los cuales fue elaborado junto a los representantes estudiantiles en la Junta de Gobierno de la UPR.

Se trata la ‘Ley de Apoyo Financiero a la UPR’, medida que autoriza la creación de una tablilla conmemorativa alusiva a la Universidad a fin de traspasar al menos hasta $20 de su costo total a la UPR.

El proyecto de ley además acoge otra propuesta ingeniada por el liderato estudiantil para autorizar a la UPR a establecer acuerdos con comercios para que el cambio producto de cualquier transacción sea donado a la universidad.

Las medidas anunciadas hoy allegarían unos $10 millones adicionales a la UPR, lo que se sumaría a los $209 millones que identificó la administración y entregó a la Junta de Control Fiscal (JCF), para un total de aproximadamente $220 millones.

De mismo modo, Rosario también urgió a la asamblea legislativa a aprobar dos medidas que también buscan allegar ingresos adicionales a la UPR. Una, de autoría del senador Miguel Romero, para autorizar al secretario de Transportación y Obras Públicas a promulgar la expedición de marbetes conmemorativos a los 11 recintos del sistema universitario y que junto al pago de ese marbete se pueda efectuar un donativo que sería destinado al fondo dotal de la UPR.

Otra medida sería incluida vía enmienda al proyecto para reglamentar la industria del cannabis medicinal, que al presente está bajo consideración por el Senado, para que el 50% de los recaudos por multas establecidos en esa ley vayan dirigidos a la universidad del estado.

Aunque la advertencia sobre las circunstancias en las que la Policía podría entrar al recinto de Río Piedras responden a la percepción de la administración de gobierno sobre los eventos ocurridos durante el concurrido Paro Nacional y el irrumpimiento de un grupo de estudiantes en una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR, las medidas anunciadas lucen ser un cambio de actitud por parte de la administración en relación a la universidad.

Aunque han sido consistentes en mantener distancia con las acciones que se toman dentro la universidad, no fue hasta el pasado mes – y a semanas de que la UPR debía entregar su plan fiscal a la Junta- que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y su administración accedió a la petición de apoyo por parte de la administración universitaria para identificar fuentes de ingreso alternas para mitigar el impacto de los millonarios recortes que la JCF exigió contra la universidad.