Sistema podría desaparecer en 5 años.

El Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) está solvente, estado del que pocas entidades pueden presumir en la crisis fiscal presente, no obstante la negligencia de la propia institución educativa y la intervención de la Junta de Control Fiscal (JCF) ponen en juego la cartera compartida por cerca de 20,000 personas.

De un lado, la Junta de Gobierno de la UPR –ente rector de la institución educativa– ha renunciado a su obligación al plan de pago para amortizar a 40 años su deuda actuarial de $1,456 millones con el retiro, lo que a su vez afecta la capacidad de pago del sistema y cuyo daño ha caído en oídos sordos.

Las amortizaciones son reducciones en el valor de los activos o pasivos para reflejar en el sistema de contabilidad cambios en el precio del mercado u otras reducciones de valor. Con este metodo, los costes de hacer una inversión se dividen entre todos los años de uso de la misma

En el acuerdo vigente, la deuda está amortizada a 40 años de manera cerrada, es decir, con un fin. Sin embargo, la UPR solicitó estudios que evaluaran la amortización a 30, 40 y 50 años y dejarla abierta. De esta manera, se continuaría en renegociaciones y los pagos no tendrán un fin definido.

Mientras, para la JCF, el Sistema de Retiro de la Universidad del Estado debe adoptar las medidas que el resto del Gobierno implementará, como los planes de contribuciones definidas y una reducción de 17% a las pensiones, o sea un promedio de $340, sin importar que el sistema actual sea funcional.

‘Nosotros sabemos que nuestra cartera la está mirando todo el mundo porque, a diferencia de las demás carteras de inversiones, el que la ve sabe que está muy bien diversificada, muy bien administrada y que está rindiendo buenos frutos. Es un buen bizcocho para comerse, pero ese bizcocho tiene nombre y apellido que son las pensiones’, aseguró el doctor Eduardo Berríos Torres, presidente de la Junta de Retiro.

Berríos Torres, así como la vicepresidenta de la Junta de Retiro, Sonia H. Reyes Cruz, se sentaron con NotiCel para discutir el estado en que se encuentra el sistema y el efecto que tendrían los cambios propulsados por las entidades en el poder.

Entre sus denuncias figura que la institución educativa ha obviado su aportación al pago de su deuda desde el año fiscal 2015-2016 –un año despues en que se fijó mediante la Certificación 146–, lo que la ha convertido en un debito de $6.3 millones.

Ese dinero le corresponde al Fideicomiso del Sistema de Retiro, entidad desde donde se desembolsa el dinero de 8,881 pensionados y 10,210 participantes activos.

Sumado a eso, en el transcurso de diez años se han perdido más de 1,000 plazas docentes que han sido congeladas o reemplazadas con contratos, acción que promulga una disminución de participantes del Sistema de Retiro, o unos $37 millones.

El sistema se rige por un Plan de Beneficios Definidos, que además del pago por concepto de edad y años de servicio, incluye bono de Navidad y prestamos, entre otros beneficios.

De adoptarse las exigencias de la JCF, se congelaría el sistema actual y los nuevos integrantes entrarían catalogados bajo un Plan de Retiro de Contribución Definida.

‘Ni la Universidad, ni el Gobierno, ni la Junta de Control Fiscal pueden tocar el dinero que está ahí, ni tratar de cambiarlo, ni sacarlo. Sí pueden afectar los ingresos. ¿Cómo ingresan los chavos ahí? Con la propuesta la Junta de Control Fiscal, que es el ‘freeze’, cierran la pluma’, aseguró Berríos Torres, luego de aclarar que la UPR no es quien paga las pensiones, sino el Fideicomiso, un fondo privado protegido por ley.

Según el portavoz, el cambio redundaría en la desaparición del Sistema de Retiro dentro de cinco años, un desembolso anual por parte de la UPR mayor al que actualmente asume y una perdida de $25 millones en la economía del país.

En esa línea, Berríos Torres indicó que las pensiones otorgadas promedian entre $1,200 y $2,000, siendo $4,300 la suma máxima, que es atribuible a quienes ocupaban puestos de confianza.

Con las reducciones propuestas por la JCF, todas esas cifras caerían muy por debajo de los $1,000.

Ante todos los retos, a modo inicial la Junta de Retiro propuso que la amortización de la deuda sea enmendada a 30 años de manera cerrada y que la UPR cumpla con los pagos debidos.

De esa manera, según el análisis de la firma Cavanaugh MacDonald, se garantizaría la solvencia y perpetuidad del Fideicomiso de Retiro, se logrará la capacidad de pago al futuro, o funding ratio’, en 100% y se cancelaría el balance de la deuda actuarial de la UPR en 2045.

De la misma forma, la Junta de Retiro se encuentra en la búsqueda de fortalecer el sistema, entre ellas: acreditar tiempo por servicios rendidos a base de mes y año; permitir la aportación al Sistema de Retiro de todos los nombramientos sustitutos y contratos de servicio de tres meses o más; y establecer que para optar a una pensión por incapacidad ocupacional, el participante debe tener 15 años de servicio acreditados. Esta medida contaría con la excepción de los empleados en áreas de alto riesgo, cuyo mínimo será de diez años.

Oídos sordos

Los efectos nefastos de estas medidas han sido comprobados a la Junta de Gobierno de la UPR por parte de la Junta de Retiro mediante estudios y certificaciones. No obstante, la administración actual de la institución se ha hecho de oídos sordos.

‘Son acciones de esta Junta de Gobierno porque las anteriores han sido relaciones de respeto y los mismos reglamentos de la Junta de Retiro nos faculta a no solo esperar que se nos consulte para asesoría, sino nosotros a ser proactivos tambien y hacer planteamientos e iniciar cursos de acción que han sido noveles’, señaló, por su parte, Cruz Reyes.

El presidente de la Junta de Retiro puede formar parte de las reuniones de la Junta de Gobierno por estricta invitación, según reiteraron los portavoces. Al presente, han enviado un sinnúmero de solicitudes de reunión y peticiones para que tomen en consideración sus planteamientos, pero no han recibido respuesta.

La Junta de Retiro, incluso, recurrió a la vía legal para obligar a la UPR a ‘cumplir con su deber ministerial’, pleito que se encuentra en el Tribunal Apelativo.

‘Ellos quieren rediseñar el plan de nosotros sin la participación de la Junta de Retiro porque saben que aquí no tienen ningún control político’, subrayó, Berríos Torres.