Tras acusación de exestudiante contra exprofesor.

Para la Universidad de Puerto Rico (UPR) las recientes denuncias de estudiantes sobre agresiones sexuales son resultado de su nueva campaña para que se materialicen querellas que permitan iniciar investigaciones de cualquier instancia de acoso que ocurra en la comunidad universitaria, una campaña que aseguran continuarán.

La respuesta de la institución se produce despues de un caso en el que la denuncia se hizo a traves de un video en la plataforma social Facebook y no en los foros y oficinas que la Universidad tiene para investigar estos casos. La denuncia implica no solo a la UPR sino a por lo menos una organización feminista.

El video de la exestudiante Lula Zoe López alude a una agresión que habría ocurrido en 2014 pero, según la UPR, no es hasta la publicación del video el viernes pasado que se conocen las alegaciones. ‘En 2016, cuando decido denunciar la situación que había vivido, la trabajadora social me atiende y me silencia cuando me dice que nadie me puso una navaja en la espalda para que yo me montara en ese carro’, dice la joven en el video al añadir que nunca habló por la humillación y la desconfianza que le provocó la Administración UPR ‘y sus procesos atropellantes’.

El viernes pasado, precisamente, se llevaban a cabo actividades de protesta con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y López, además de involucrar al exprofesor Guillermo Rebollo Gil en la agresión y a otros profesores en lo que entiende fue un encubrimiento del acto, tambien criticó a la Colectiva Feminista en Construcción, una de las organizaciones protagonistas de las movilizaciones del viernes.

‘El silencio de la Colectiva Feminista en Construcción no es casualidad. Por fin confirman que son encubridores de agresores. Para que vean con que gente se juntan a organizar’, dijo.

Ante ello la Colectiva Feminista en Construcción publicó una reacción en su página de Facebook:

‘Hace unos días una persona utilizó sus redes para hacer una denuncia sobre el silenciamiento que recibió por parte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en el momento en que denunció que fue víctima de agresión sexual por parte de un profesor. Repudiamos todo acto de silenciamiento y abuso por parte de la Universidad de Puerto Rico contra quienes sobreviven y denuncian agresiones sexuales y exigimos que la UPR atienda la misma por los canales pertinentes’, expone el grupo.

‘Por otro lado, que quede claro, la Colectiva no encubre agresiones sexuales ni silenciamos sobrevivientes. Mucho menos respaldamos las actuaciones negligentes de ninguna institución, a la hora de atender las denuncias de las sobrevivientes. Cualquier vínculo – de amistad, camaradería o colaboración– que puedan tener personas denunciadas con nuestra organización no puede ser motivo ni justificación para desacreditar y/o cuestionar el trabajo político que hemos realizado durante los últimos años. Mucho menos para hostigar viciosamente y de forma directa a compañeras de nuestra organización que nada tienen que ver con la denuncia que se ha hecho’, continúa el escrito.

‘Por último, la Colectiva Feminista en Construcción, se une al llamado y exigencia a la UPR para que atienda las denuncias y querellas de agresión sexual y violencia de genero de una forma responsable, sensible y justa’, finalizan.

Previo a esta expresión, la compañera de Rebollo Gil y abogada destacada en el área de derechos humanos, Ariadna Godreau Aubert, dijo que la información difundida en el video es ‘totalmente falsa’, denunció que el video provocó ‘un patrón de difamación, intimidación, amenaza y acoso’ y adelantó que ‘[n]os sabemos defender y vamos a utilizar los foros, las herramientas y estrategias necesarias’.

No fue hasta hoy, jueves, que se dieron reacciones y determinaciones concretas de parte de la UPR y de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

En el caso de la UPR, portavoces confirmaron que no existe una denuncia formal de este caso en las oficinas y dependencias que la institución tiene para atender este tipo de alegación. ‘No obstante, como hemos advenido en conocimiento, hemos iniciado -como siempre lo hemos hecho- una investigación apegada rigurosamente a nuestros protocolos institucionales que incluyen la confidencialidad durante el proceso para salvaguardar la integridad física y emocional de todos los involucrados’, señaló Mario Alegre Barrios, director interino de la Oficina de Comunicaciones de la UPR-RP.

Alegre Barrios añadió que estos procedimientos se enmarcan en una campaña de prevención y orientación titulada ‘No lo hagas, No le pichees, No lo ignores…. ¡No guardes silencio y denúncialo!’, que desde septiembre pasado comenzó a realizarse en el recinto y que habría tenido ‘una gran acogida de toda la comunidad universitaria y cuya agenda continúa’.

‘Es vital enfatizar que, para cumplir con este compromiso de manera cabal, cualquier alegación de acto delictivo de esta naturaleza sea canalizado según lo dispone la reglamentación universitaria, con unos protocolos muy estrictos que aseguran la confidencialidad en el proceso de investigación’, expresó por escrito el Rector Interno de la UPR-RP, Dr. Luis A. Ferrao.

Por otro lado, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) dio un plazo de 15 días al Presidente de la UPR para que entregue información relacionada al manejo y las acciones tomadas por la institución en casos de hostigamiento sexual y querellas de agresión sexual en el Recinto de Río Piedras.

‘Como parte del requerimiento de información, la institución deberá proveer, entre otras cosas: copia certificada de la política pública del Recinto con relación al Hostigamiento Sexual en el Empleo, evidencia de la publicación o divulgación de la política de la Universidad en estos casos, protocolo y reglamentos para atender situaciones de hostigamiento sexual o agresión sexual en el empleo, nombre y posición de todo el personal docente designado para atender y recibir los casos reportados, reglamentos sobre los procesos de investigación, cantidad de querellas radicadas, etc. El requerimiento surge a raíz de varios sectores, específicamente en redes sociales alegando casos de hostigamiento y agresiones, entre otras’, lee la comunicación de la OPM.

De no cumplir dentro del termino establecido, la UPR se expone a la imposición de sanciones administrativas de una multa de hasta $10,000 por cada violación conforme al artículo 4.3 del Reglamento Núm. 8454-2014, Reglamento Sobre Procedimientos Investigativos y Adjudicativos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

En 2017, la OPM impuso al Municipio de Guaynabo lo que era la multa más grande de su historia como oficina, de $30,000, por los hechos alrededor del patrón de hostigamiento sexual por el que ha sido acusado criminalmente y demandado civilmente, el exalcalde Hector O’Neill.

Tras la publicación de esta nota, la OPM aclaró que la multa de Guaynabo está ante la consideración del Tribunal de Apelaciones y ‘una vez culmine el proceso, estaremos en posición de comentar al respecto’.