Aunque la Universidad de Puerto Rico (UPR) se propuso como meta principal la mitigación de los recortes presentes y futuros a su presupuesto, así como disminuir su dependencia del gobierno, ninguno de estos renglones ha demostrado avance en su plan de implementación.

El plan de implementación de la institución fue obtenido como parte de una demanda incoada por el Centro de Periodismo Investigativo al gobierno para exigir este y otros informes de las agencias públicas. El mismo demuestra que la UPR está retrasada en su búsqueda de nuevos ingresos, recaudación de fondos y su reorganización academica y estructural, según el calendario elaborado hasta el año fiscal 2023.

Los planes de implementación suponen detallar cada una de las medidas a realizarse por las agencias y corporaciones públicas con el fin de cumplir con las disposiciones del Plan Fiscal, según certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF).

Medidas como la optimización de bienes, el desarrollo de patentes y las subvenciones y los contratos federales aparecen en el documento como acciones que ni se han comenzado.

De cara al 2023, los recortes presupuestarios de la UPR ascenderán a $443 millones. Según el plan fiscal más reciente de la UPR --aprobado en abril por su Junta de Gobierno-- la institución experimentará una reducción consistente de estudiantes en los próximos años, razón por la cual se sostendrían las operaciones aún con los recortes millonarios.

Al momento, las medidas más avanzadas en terminos de cumplimiento son el entrenamiento a empleados del gobierno central y el Departamento de Educación, ambos parte de una Orden Ejecutiva (OE) de Ricardo Rosselló Nevares para allegarle alrededor de $10 millones a la institución.

Sin embargo, una mirada al plan de implementación de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) revela que la renovación de este acuerdo no ha tenido lugar, por lo que el mismo está expirado. Según el documento, el acuerdo está listo para renovación desde agosto de 2018.

La iniciativa de capacitación de empleados por parte de la UPR se vislumbra como una medida de ahorro para OATRH, cuyo impacto de implementación se estimó en $100,000 para la agencia. Uno de los riesgos que atentarían contra la continuación de este acuerdo colaborativo sería que la UPR no reciba el presupuesto requerido para llevar a cabo los entrenamientos. De acuerdo al plan de implementación, ese riesgo es de nivel medio, en una escala bajo-medio-alto.

El Primer Mandatario tambien firmó una OE a los fines de que la UPR tenga prioridad en las contrataciones del gobierno, no obstante, la medida se ha hecho sal y agua y la institución se ha convertido en un competidor adicional en proyectos como la administración del Centro de Capacitación en Seguridad Pública, conocido como la Academia de la Policía.

La continuación de operaciones universitarias a pesar de los recortes presupuestarios ha sido uno de los puntos de mayor preocupación por parte de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), la cual puso a los 11 recintos y unidades en probatoria en mayo de 2017. En marzo del año en curso, determinó que mantendrá acreditada a la UPR bajo el proceso de 'show of cause' por un año adicional.

El plan de implementación muestra un gran círculo rojo en el renglón de la 'transformación' del Recinto de Ciencias Medicas, a modo de especificar que no ha progresado, a toda vez que los cambios al Recinto de Mayagüez tambien están atrasados.

Ambos, junto al Recinto de Río Piedras, compondrían las unidades graduadas de la institución en el marco de la consolidación de recintos, personal y actividad academica.

Para lograr sus metas, la UPR señaló que necesitará consultores externos, como las firmas BDO y Bluhaus, además de que ha creado micro grupos para cada renglón en el cual necesita cumplir algo, llamados Organizaciones de Gerencia de Proyectos (PMO, por sus siglas en ingles), quienes estarán encargados de concretar los requerimientos y a su vez implementarían el mecanismo de Solicitud de Propuestas (RFP, en ingles). Un RFP es un documento mediante el cual se oficializa la intención de una entidad o agencia de administrar algo o llevar a cabo un servicio.

En otras palabras, hay un PMO y la necesidad de un RFP para cada acción que la universidad busca ejecutar, ya sea reducción de personal, conglomeración de recintos o búsqueda de fondos externos.

En el caso de Mayagüez, la publicación de su RFP para la reorganización está retrasada. No obstante, ya se creó el PMO, se identificaron las personas que trabajarían en esta iniciativa y se delimitó un presupuesto para la unidad. El plan de implementación no especifica que personas forman parte del grupo ni cuánto dinero fue destinado.

En cuanto a Ciencias Medicas, el documento asegura que aún ni se ha aprobado la idea de que el campus sea un conglomerado, acción que está 'en progreso' por parte del gobierno, la UPR y la JCF. Esta iniciativa tampoco cuenta con un PMO, un RFP ni personal.

El plan de implementación no abunda sobre la situación de Río Piedras. Según el plan fiscal de la UPR, el sistema universitario se compondría de estas tres unidades graduadas y dos conglomerados, divididos en Oeste, en forma de las unidades de Aguadilla, Arecibo, Ponce y Utuado, y en el Este por las unidades de Bayamón, Carolina, Cayey y Humacao.

Otro punto que está 'en proceso' es la renegociación con los administradores de Plaza Universitaria, a quienes la institución les adeuda dinero. Este espacio que se compone de oficinas administrativas, viviendas estudiantiles y un estacionamiento multipisos.

El plan tambien aborda con brevedad otros asuntos que ya se han discutido, como el cambio al Sistema de Retiro, la reducción de personal y el incremento al costo de la matrícula a nivel subgraduado y graduado, así como a los pagos de cuotas y laboratorios.

Para más:

Retrasada la administración Rosselló en su misión de reestructuración

Exsecretario de Hacienda a cargo de planes de implementación

Mira el plan aquí:

Vea todos los planes entregados por el gobierno en este enlace.