Según investigación del CPI

Un recorrido por los once recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) termina con un inventario de salones clausurados por hongo, planchas de zinc sueltas, bibliotecas con funciones a medias, ascensores fuera de servicio y techos con goteras, daños que 30 meses despues del huracán María, todavía enfrenta la comunidad universitaria.

A la precariedad de la infraestructura, se suma la falta de materiales, equipo de limpieza, y una lista de trabajos que contratistas privados han dejado a medias.

Todo lo anterior fue constatado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en visitas hechas entre septiembre y noviembre de este año a los once campus del sistema universitario público y luego de más de 20 entrevistas a representantes de diversos sectores de la comunidad universitaria, incluida la administración de la institución. El presidente de la UPR, Jorge Haddock, no estuvo disponible durante

meses para una entrevista con el CPI.

A dos años del huracán María, la UPR solo ha recibido el 0.41% del dinero de recuperación solicitado.

Las perdidas de categorías temporeras en los once recintos y la Administración Central totalizan $175,799,468 millones, según Carlos Marrero Miranda, director asociado de finanzas y director de seguros de la UPR. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en ingles) añadió que en mejoras permanentes, la UPR reclamó aproximadamente $805,000,000 millones adicionales.

Al sumar los proyectos de todas las categorías, la institución ha solicitado unos $980,799,468 millones, según datos suministrados por FEMA al CPI. De ese estimado, FEMA ha aprobado y obligado $87,450,149 millones a la UPR correspondientes a las categorías temporeras (A, B y Z). No obstante, hasta el 16 de diciembre de este año, el COR3 solo ha desembolsado $3,993,236.

Esta escasez de fondos se suma a la amenaza de más recortes a la UPR impuestos por la Junta de Control Fiscal (JCF), que suponen la eliminación de $71 millones para el próximo año fiscal 2020-2021, según el Plan Fiscal de la institución que aprobó la JCF en junio pasado.

Los representantes de la comunidad universitaria afirman que esta política de recortes redundaría en menos fondos para restaurar los recintos.

‘La infraestructura cada vez está peor. Las bibliotecas están dañadas. Los laboratorios no funcionan y los salones tienen hongos. ¿A dónde llega el dinero de la matrícula y de FEMA? Porque es más dinero en esas partidas, pero los recintos cada vez se caen más’, cuestionó Marina Rodríguez, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras. Rodríguez se refirió al aumento de matrícula que experimentaron los estudiantes en agosto de 2018, cuando se subió el costo del credito

subgraduado de $56 a $115.

Los recintos de Mayagüez, Río Piedras y Humacao fueron los que más daños y perdidas reportaron luego del huracán. Son, además, los que aún tienen más problemas evidentes en su infraestructura, según observó el CPI.

El recinto riopedrense, por ejemplo, reportó perdidas estimadas en $42,443,025 millones.

Al caminar este campus, sus exteriores exhiben aceras limpias, jardines recien podados y algunas paredes con pintura fresca. Sin embargo, si se entra a algún edificio como la biblioteca Jose M. Lázaro, la escena es otra.

El olor a humedad impacta tan pronto las puertas de cristal se abren. Todavía caen gotas desde el techo en varios lugares de la biblioteca. En medio de algunos pasillos, pueden verse zafacones y cubos para recoger el agua. Tambien hay máquinas deshumificadoras para tratar de mitigar hongos.

A la biblioteca acuden diariamente estudiantes y profesores para consultas, investigaciones o simplemente para estudiar en un ambiente tranquilo y lejos del bullicio. Pero hoy día, este lugar apenas funciona.

En el primer piso, la sala de servicios bibliotecarios para personas con impedimentos está clausurada. Si se mira tras los cristales de sus puertas, no hay nada dentro. Parece atravesar un proceso de reparación, pero allí no había nadie el día del recorrido. Solo cables, lámparas y tuberías colgando desde el techo.

A la izquierda de la entrada, una nota en papel lee: ‘Nos mudamos al Centro de Estudiantes al lado de

OAPI (Oficina de Asuntos Para las Personas con Impedimentos)’ y un número de cuadro telefónico con una extensión. Llamar en tres ocasiones no rindió fruto.

Al subir al segundo piso de la Lázaro, el panorama es peor. La Sala Zenobia y Juan R. Jimenez, uno de los centros de investigación más importantes para estudiantes de Estudios Hispánicos y Literatura, está cerrada. En su interior, los anaqueles de libros están amontonados. En el techo faltan plafones y la vista alcanza a contar al menos nueve zafacones para recoger agua. Si se necesitan servicios de esta sala, un letrero en su puerta manda a los visitantes a acudir a la Colección Josefina del Toro Fulladosa (Sala de Libros Raros).

Unos pasos más adelante, en la Colección de las Artes, la situación empeora. Allí sí se ofrecen los servicios. En el espacio habían cinco estudiantes en mesas y uno en la recepción. Uno de los alumnos llevaba una máscara cubriendo su nariz y boca. El olor a humedad se siente fuerte. Al caminar entre sus anaqueles se ven pequeñas bolsas blancas entre los libros con las que se trata de disminuir el hongo.

Algunas de las estanterías están tapadas con plásticos. En una silla, ubica una bolsa negra llena de

libros con un papel encima que advierte: ‘libros con hongo’. Y al fondo, toda una sección completa sin plafones por donde caen gotas que van a parar a un zafacón mucho más grande color azul. En días de lluvia, la filtración es mucho más fuerte, advierte la presidenta del Consejo riopedrense.

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