Por Rubén Colón*/Disiento respetuosamente de tantos ilustres colegas abogados y jurisconsultos, conocedores del derecho constitucional, quienes catalogan los conflictos internos que se producen hoy en el seno del Tribunal Supremo de Puerto Rico como 'una crisis del ordenamiento constitucional existente'. No lo creo así.

La composición política del Tribunal Supremo cambió, es cierto, y ahora constituyen una mayoría absoluta, seis jueces (casi nombrados en bloque), que no reparan en ocultar su lealtad abierta al Partido Nuevo Progresista (PNP), a sus políticas y objetivos. No obstante, todos y cada uno de esos nombramientos, por burda y atropellada que haya sido la manera en que fueron seleccionados y confirmados, o por equivocada que haya sido la selección de cada uno de ellos individualmente, fue una esencialmente legal y dentro de los parámetros y reglas de juego del sistema actual. También lo son los retos que como mayoría de jueces asociados de un tribunal colegiado, hacen esos jueces al poder administrativo de la figura del Juez Presidente del Tribunal Supremo. Ello así, pues, al fin y al cabo, el sistema de derecho pone en manos del Tribunal Supremo, como cuerpo colegiado, toda determinación de qué es lo que dice o deja de decir la Constitución. Debemos aceptar que éste no será el primer Tribunal Supremo que determina que donde la Constitución literalmente dice digo, dice Diego.

Afrontémoslo, la afiliación al partido de gobierno, como regla general, siempre ha sido el elemento cardinal a ser considerado en la selección de todos los jueces del sistema, particularmente los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En un sistema de justicia, donde la selección de los jueces no depende principalmente de su preparación, inteligencia o desempeño, sino de las conexiones políticas de los aspirantes a jueces (por mejores que sean) con las ramas políticas del gobierno, ese elemento se convierte en una especie de pecado original de todo nombramiento. El peso relativo de esa afiliación vis a vis las otras cualificaciones de los aspirantes a jueces que puedan ser consideradas a la hora de elegir unos correligionarios sobre otros, queda exclusivamente al arbitrio del jefe del partido (Gobernador), con mínima intervención de la legislatura, cuyo interés también se centra en el elemento de la afiliación política, y las relaciones de los aspirantes con los distintos comisarios de los partidos.

Por lo tanto, que los actuales seis jueces asociados sean acérrimos novoprogesistas, no debe extrañar a nadie. Al nombrar a esos nuevos jueces, el Gobernador no ha transgredido el sistema. Todo se ha hecho legalmente. Entonces, que es lo que está en crisis dentro del sistema, si no se ha transgredido la legalidad existente? Sostengo que lo que ofende a tantos respecto a los nombramientos, y al comportamiento posterior de los seis jueces novoprogresistas es la torpeza, la desvergüenza, la desfachatez o para decirlo en términos positivos: 'la transparencia'. El problema entonces es esencialmente estético.

En un sistema de justicia, donde sabemos que los nombrados a jueces no suelen ser los juristas más preparados, capaces o sabios, el sistema se sostiene sobre la ficción de la honorabilidad. Es decir, en ausencia de un sistema meritocrático, nos amparamos en que al menos se impartirá justicia con objetividad, ecuanimidad y a conciencia; aunque sea el resultado de la incompetencia o la ignorancia. Se tratará en todo caso de errores honestos. Pero cuando la apariencia de imparcialidad y objetividad se pierde, se resquebraja todo el sistema judicial, y comienzan a verse sus verdaderos matices, que antes permanecían ocultos bajo el velo de la ficción de la honorabilidad.

Existe un antiguo proverbio, machista pero útil a los fines de esta reflexión, que plantea que 'la mujer del César no sólo tiene que ser pura, sino también parecerlo'. El problema con las circunstancias generales de la judicatura actual, es que ya ni siquiera da la apariencia de pulcritud. Que antiguas administraciones políticas guardaron mejor las apariencias, y con ello protegían un tanto la legitimidad del sistema, no lo negamos. Que la dialéctica de todo el proceso necesariamente desembocaría en lo que tenemos hoy, donde a través de los años, cada vez más, unos y otros irían estirando un poco mas los límites de la estética legitimadora, era totalmente predecible.

Ciertamente, no se trata sólo de un problema de la judicatura. En Puerto Rico, hace muchos años nos conformamos con que las instituciones tan sólo parezcan funcionales, no obstante el deterioro, corrosión y podredumbre a que la partidocracia las ha sometido. Eso incluye a las que pensábamos más o menos funcionales en nuestra endeble democracia colonial.

Hasta hace poco, la judicatura mantenía la apariencia de funcionalidad y era considerada como una rama no política del Gobierno. Ello, en comparación con los poderes Ejecutivo y Legislativo, a los cuales las prendas íntimas del partidismo corruptor se les veían con absoluta claridad. Pero qué feo cuando se le ven las mismas ropas menores a la rama judicial. Qué falta de modales y de buen gusto de quienes lo exhiben!

Como dice un estribillo comercial de una bebida gaseosa: 'las cosas como son'. No se trata de una crisis dentro del sistema constitucional actual, sino de otro síntoma de la verdadera crisis de la menguada democracia puertorriqueña. La utilización de cualquier forma del poder para mantener el poder, debía estar vedada en todo sistema democrático que se respete. Pero la actual administración del PNP (incluyendo su copo del Tribunal Supremo), no es la primera, ni será la última en valerse de todos los medios a su alcance para perpetrarse en el poder, si el sistema se lo permite.

El problema, entonces, no es la administración PNP actual, burda y autoritaria. El problema es la estructura misma de nuestro sistema político constitucional. Vivimos la crisis total de un sistema político donde partidos, que realmente no gobiernan, controlan todas las instituciones del ELA, turnándose el repartimiento del botín del erario con contratos, nombramiento, privilegios o pillaje, en todas las ramas de la administración pública.

Vivimos un sistema donde prácticamente se obliga a los ciudadanos a afiliarse a partidos organizados a base de preferencias de alternativas abstractas o irreales de relaciones políticas con Estados Unidos, para participar en un evento electoral que nada tiene que ver con una posible solución del problema colonial de la isla. Un sistema que le permite a esos partidos 'ideológicos' disputarse el control de la administración de la cosa pública como si defendieran alternativas distintas, a pesar de que sus programas de gobierno parecen copias fotostáticas uno del otro. Por eso, si gobierna uno, el otro se opone a la venta de la compañía telefónica del estado, que ese otro venderá cuando le toque gobernar; o al gasoducto planificado por la administración contraria, y que la de ellos acabará promoviendo luego de haberse opuesto. Y mientras tanto, las grandes mayorías del pueblo, también corrompidas por esos partidismos populistas, se arriman de un lado u otro, y le excusan a los de su partido, exactamente las mismas conductas que con vehemencia condenaron de sus contrarios. Todo lo anterior asegura que nunca nada cambie en realidad.

Es feo lo que está pasando en la judicatura. Pero qué bueno sería que tanta obscenidad nos ayude a abrir los ojos respecto al verdadero problema de nuestra frágil democracia.

*Tomado de 80 Grados.