Conoce sus argumentos para oponerse a citación.

El cabildero Elías F. Sánchez Sifonte y el publicista Edwin Miranda Reyes se niegan a entregar sus celulares al Departamento de Justicia (DJ) como parte de la investigación del TelegramGate porque no se quieren autoincriminar, según sendas mociones radicadas en el Tribunal Superior de San Juan.

Ambos estaban supuestos a acudir hoy a las 9:00 A.M. a la Unidad de Crímenes Ciberneticos del DJ para entregar sus aparatos móviles como parte de la pesquisa sobre el chat ‘WRF’ que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló Nevares y otros funcionarios de su administración.

Ya otros funcionarios involucrados han tenido que entregar sus móviles para la pesquisa,incluyendo el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, quien lo hizo despues de que un tribunal autorizara una orden de registro.

‘[C]on el mero acto de comparecer y producir el dispositivo móvil digital que se ordena entregar, el compareciente, sin conceder en esta moción dichos hechos, estaría implícitamente admitiendo el hecho de que el dispositivo existe, que está bajo su control y que es autentico; igual que estaría autenticando toda la información que allí se encuentre’, dicen las mociones.

Las mociones dan cuenta de que el DJ se movió contra Sánchez Sifonte y Miranda Reyes bajo apercibimiento de desacato el 9 de agosto, semanas despues de que comenzara la investigación del TelegramGate y tambien despues de que le hubiere hecho el requerimiento a otros participantes del chat.

La citación fue dejada en ‘suspenso’ por el juez superior Alberto Luis Perez Ocasio, quien concedió al Ministerio Público 20 días para replicar por escrito las mociones radicadas por los licenciados Jose Andreu Fuentes y Kendys Pimentel Soto, representantes legales de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes, respectivamente. Andreu Fuentes fue abogado de la exsecretaria de Justicia, hoy gobernadora, Wanda Vázquez Garced en el caso que le sometió la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, y Pimentel Soto integró parte del equipo de Justicia cuando se le sometieron cargos tambien al exgobernador Pedro Rosselló por agenciarse ilegalmente su pensión.

Al momento de este escrito, el DJ no había respondido que acciones va a tomar ante la decisión del tribunal. De hecho, en las mociones del cabildero y el publicista, que son identicas, se concede que una orden de registro puede ser el próximo paso que tome el Estado para conseguir lo que ahora pide por mera ‘citación’.

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El otrora director de la campaña de Rosselló Nevares y el CEO de la agencia de publicidad KOI plantean que la orden emitida por el DJ para que comparezcan y produzcan sus dispositivos móviles -bajo apercibimiento de desacato- es ilegal porque representa una violación de sus derechos constitucionales al amparo de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado.

‘La orden de comparecencia y producción resulta inconstitucional por requerir bajo coacción del gobierno información del individuo que constituye testimonio que podría utilizarse en su contra o que llevaría al hallazgo de evidencia que podría utilizarse en su contra’, concluyen las mociones con las que consiguieron dejar sin efecto la citación y con la que piden tambien la celebración de una vista oral para dilucidar la solicitud del DJ.

En ambas mociones radicadas el pasado martes, se alega que el Gobierno busca ilegalmente que los dos integrantes de la conversación grupal en Telegram produzcan sus celulares para utilizarlos en su contra.

Según los documentos legales, por lo abarcador de la información de la vida privada que tiene un dispositivo móvil, el Gobierno tiene mayores restricciones para registrar un telefono celular que las tradicionalmente aplicables.

La teoría legal esbozada por ambos es que el móvil equipara a entregar documentos con información de sus negocios y otros aspectos que podrían violar su privacidad.

‘El Tribunal de Primera Instancia determinó paralizar la Orden para que el Sr. Edwin Miranda Reyes comparezca y produzca su celular al Departamento de Justicia. El señor Miranda Reyes cumplirá con todo requerimiento al que tenga que responder conforme a la ley y a las garantías constitucionales. Se reconoce la facultad del Departamento de Justicia de realizar investigaciones como tambien se reconoce que ello no conlleva que ciudadano alguno tenga que renunciar a la protección que le reconoce la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos. La petición del Departamento de Justicia pretende que sea el señor Miranda Reyes quien le entregue su telefono celular para copiarlo en su totalidad sin limitación alguna y revisarlo sin restricción’, expresó Pimentel Soto a NotiCel.

Por su parte, Andreu Fuentes anticipó que al igual que Miranda Reyes, Sánchez Sifonte está dispuesto a cumplir con cualquier citación siempre y cuando sea satisfactorio con las leyes y las disposiciones constitucionales.

‘Como a todo ciudadano de nuestro país, al Sr. Elías Sánchez la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos le protege el derecho a la intimidad y privacidad de toda la data y el contenido de su telefono celular, así como de intentos por parte del Gobierno de obligarlo, so pena de desacato, a entregar y autenticar la misma. Este derecho constitucional es uno de los derechos fundamentales del ciudadano y está concebido, entre otras razones, para proteger a aquellos ciudadanos que se consideran inocentes de haber cometido delito, pero que no están dispuestos a ceder ante intromisiones indebidas a su privacidad’, añadió Andreu Fuentes.

Comparó el caso de su representado con el derecho de un periodista a no entregar su telefono cuando el Gobierno le pide su celular para investigar sus fuentes de investigación.

Para ver la moción sometida por Sánchez Sifonte, pulse aquí.

Para ver la moción sometida por Miranda Reyes, pulse aquí.