Un informe final de la Comisión de Urbanismo e Infraestructura del Senado recomienda estudiar y evaluar en detalle las coberturas de seguros existentes de la propiedad pública en el país, para constatar que tienen un nivel adecuado para cubrir el riesgo en caso de un terremoto de gran intensidad.

La Resolución del Senado 1072 busca que el gobierno desarrolle un seguro para la financiación de ayudas de emergencias y reconstrucción de infraestructuras en caso de ocurrir en la Isla un terremoto de gran magnitud.

"Es esencial que Puerto Rico se prepare para enfrentar los efectos de un sismo de gran intensidad ante el aumento notable de desastres naturales a nivel mundial" , manifestó en un comunicado el autor de la medida, Larry Seilhamer, quién también preside la Comisión de Urbanismo e Infraestructura.

La exposición de motivos de laresolución destaca que Puerto Rico está localizado en el límite entre las placas de Norte América y el Caribe, lo que provoca que todos los días se registren pequeños temblores, y quela Red Sísmica de Puerto Rico ha señalado que la ubicación de la Isla la convierte en potencial escenario de un sismo de gran magnitud e imposible de predecir.

"Tanto la Federación de Alcaldes de Puerto Rico como la Autoridad de Edificios Públicos constataron la necesidad de estudiar y evaluar detalladamente las coberturas de seguros existentes de la propiedad pública, con el fin de confirmar que todas las instrumentalidades del gobierno tienen un nivel adecuado de seguro o cobertura suficiente para cubrir el riesgo específico de un terremoto de gran intensidad", explicó Seilhamer.

Del informe también se desprende la importancia de hacer un acopio de los seguros existentes en otras jurisdicciones, así como procurar información sobre cómo se atienden la ocurrencia de un sismo de gran intensidad. Asimismo, señala la necesidad de determinar y evaluar la solvencia de las compañías de seguro y reaseguro contra el riesgo específico de un terremoto.

Indica, asimismo,la importancia de asegurar que los seguros de toda propiedad pública garanticen el reemplazo de la obra y no solo que proteja la inversión de los bonistas en las obras financiadas mediante bonos. Señala, además, que cualquier seguro debe ser complementario a la asistencia de FEMA y no un sustitutivo de la ayuda federal.