El gobernador Luis Fortuño argumentó que para atender los casos de corrupción en el Gobierno, decidió los nombramientos para la dirección de la Oficina del Inspector General (OIG) y de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Gubernamentales y Federales, cuyo anuncio hizo hoy.

Juan Carlos Puig, como director de OIG, tendrá la función de fiscalizar las gestiones gubernamentales, establecer una guía para los procesos de contratación y realizar pre intervenciones e investigaciones, que luego serán canalizadas a través de la Oficina del Contralor o referidas al Departamento de Justicia.

Aunque Puig aseguró que el costo para el establecimiento de ambas dependencias sería uno mínimo, pues utilizarían los recursos existentes, no pudo precisar cuánto dinero sería requerido para su funcionamiento. Igualmente, indicó que 40 auditores de OGP se transferirán a la Oficina del Inspector y que entre 14 a 15 del Departamento de Hacienda también serían reubicados.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González declaró que se le "integra independencia de criterio a los auditores, quienes responderán a Puig para el mejor uso de (los) fondos públicos".

Por su parte, la contralora Yesmín M. Valdivieso sostuvo que "con los 400 auditores que tiene mi oficina es imposible llegar a todas las agencias, él (Puig) va a estar previniendo y viendo las cosas que en mi oficina no se veían después de cinco o diez años". Valdivieso explicó que 200 auditores de su oficina son utilizados para las auditorías municipales y los consorcios. Los otros 200 son responsables de las auditorias de las agencias. La contralora aceptó que actualmente los procesos de auditoría son lentos y puso de ejemplo el caso de la Universidad de Puerto Rico que luego de diez años se está auditando.

Por otro lado, la Secretaría Auxiliar de Asuntos Gubernamentales y Federales estará administrada por María Sánchez Bras, quién tendrá a su cargo la supervisión, coordinación y fiscalización de la utilización de los fondos federales. Ambos cargos serán electos cada cuatrienio y tendrán el aval de la Legislatura.