El juez presidente del Tribunal Federal, José A. Fusté, quien recientemente protagonizó una controversia cuando insinuó que el sistema de tribunales puertorriqueño era ineficiente, declaró ayer para récord que hace falta "cojones" para atajar la violencia criminal, y procedió a aplicar casi el triple de la sentencia que la fiscalía y los abogados habían acordado en un caso de posesión de armas.

Las incidencias en el caso de ayer ofrecieron no sólo una ventana al ánimo del juez, sino también una instantánea de cómo está trabajando la práctica de la Administración Fortuño de viabilizar la mayor participación posible de las autoridades federales en los casos criminales.

Según los detalles en los que coinciden las fuentes consultadas, antes de emitir la sentencia el juez se mostró inconforme con el acuerdo, reiterado en sala por el fiscal Brian K. Kidd, de que al trío de acusados por poseer armas alteradas se les sentenciara a entre 18 y 24 meses de cárcel.

El juez elaboró sobre la violencia que se vive en la Isla, advirtió que nos convertiríamos en un Ciudad Juárez, en referencia al territorio mexicano dominado por la violencia y el narcotráfico, se quejó de que el Tribunal Federal ha tenido que meterse a lidiar con el problema, y puntualizó que han faltado "cojones" para atajar la criminalidad en Puerto Rico. Entonces, emitió una sentencia de 48 meses de cárcel.

Las fuentes difieren sobre si se refería a la sociedad en general o a las autoridades locales, y la transcripción aún no está disponible. Pero lo que sí es claro es que, luego de usar el término, el juez recapituló y dijo que a lo que se refería era que faltaba "determinación social" para atender el problema.

El caso contra Luis Joel Rosario Santiago, Ángel Luis García Velásquez y Carlos Hiran O'Neill Serrano comenzó el 21 de julio de 2010 cuando un agente estatal los detuvo mientras transitaban por la PR 66 y les ocupó dos pistolas Glock alteradas para que funcionaran como ametralladoras.

Esa conducta conlleva hasta 18 años de cárcel, y por lo menos seis, bajo las leyes de Puerto Rico. Pero el caso no fue procesado localmente, sino pasado a la jurisdicción federal, donde los acusados optaron por declararse culpables y enfrentan una pena que, aún con el ánimo del juez, es dos años menor a la mínima que hubieran cogido en la jurisdicción estatal, si hubiesen sido convictos. El resultado del traslado, entonces, no fue que los acusados pasaran más años en la cárcel, sino que se declararan culpables y que cogieran algo de cárcel.

Las incidencias en el caso de ayer ofrecieron no sólo una ventana al ánimo del juez, sino también una instantánea de cómo está trabajando la práctica de la Administración Fortuño de viabilizar la mayor participación posible de las autoridades federales en los casos criminales.

Según los detalles en los que coinciden las fuentes consultadas, antes de emitir la sentencia el juez se mostró inconforme con el acuerdo, reiterado en sala por el fiscal Brian K. Kidd, de que al trío de acusados por poseer armas alteradas se les sentenciara a entre 18 y 24 meses de cárcel.

Elaboró sobre la violencia que se vive en la Isla, advirtió que nos convertiríamos en un Ciudad Juárez, en referencia al territorio mexicano dominado por la violencia y el narcotráfico, se quejó de que el Tribunal Federal ha tenido que meterse a lidiar con el problema, y puntualizó que han faltado "cojones" para atajar la criminalidad en Puerto Rico. Entonces, emitió sentencia de 48 meses de cárcel.

Las fuentes difieren sobre si se refería a la sociedad en general o a las autoridades locales, y la transcripción no está disponible instantáneamente, pero lo que sí es claro es que, luego de usar el término, el juez recapituló y dijo que a lo que se refería era que faltaba "determinación social" para atender el problema.

El caso contra Luis Joel Rosario Santiago, Ángel Luis García Velásquez, y Carlos Hiran O'Neill Serrano comenzó el 21 de julio de 2010 cuando un agente estatal los detuvo mientras transitaban por la PR 66 y les ocupó dos pistolas Glock alteradas para que funcionaran como ametralladoras.

Esa conducta conlleva hasta 18 años de cárcel, y por lo menos seis, bajo las leyes de Puerto Rico. Pero el caso no fue procesado localmente sino que fue pasado a la jurisdicción federal, donde los acusados optaron por declararse culpable y enfrentan una pena que, aun con el ánimo del juez, es dos años menor a la mínima que hubieran cogido en la jurisdicción estatal, si es que eran convictos. El resultado del traslado, entonces, no fue que los acusados pasaran más años en la cárcel, sino que se declararan culpables y que cogieran algo de cárcel.