El Primer Circuito de Apelaciones de Boston decidió esta tarde que la Ley 7 no constituyó una violación de los compromisos del gobierno con los sindicatos de empleados públicos a través de los convenios colectivos.

Los demandantes, unionados y sindicatos incluyendo a la Federación Central de Trabajadores, argumentaron que, en la medida en que la Ley 7 pone en suspenso los beneficios adquiridos por los empleados mediante la negociación colectiva, y en la medida en que dejan sin efecto la renovación de los convenios, violenta la Constitución de Estados Unidos.

La Constitución prohíbe que se aprueben leyes que tengan el resultado de afectar, o menoscabar, los contratos. Las uniones sostenían que la Ley 7 hacía eso con los convenios colectivos, los cuales se consideran un contrato.

El panel de jueces apelativos federales explicó que los demandantes no pudieron probar que habían sufrido el nivel de daño que el Tribunal Supremo ha requerido para permitir que prospere una reclamación como la que hicieron.

"Los demandantes no pudieron exponer suficientes hechos de los cuales un tribunal pudiera inferir razonablemente que la Ley 7 fuera innecesaria o irrazonable", señalaron en referencia al estatuto que también ha sido la base para la cesantía de decenas de miles de empleados públicos.

"Al contrario, la Ley 7, de su faz, parece distribuir la responsabilidad de restaurar la salud fiscal de Puerto Rico en varios sectores de la sociedad mediante poner en vigor varias medidas contributivas que impactan a un abánico de personas y entidades", añadieron.