Por razones diferentes a las que esgrimieron ayer un grupo de togados que anunciaron una campaña para que sus colegas opten por salirse del pleito de clase que podría dejar sin sede al Colegio de Abogados (CAPR), el juez presidente de la Corte de Estados Unidos en la Isla, José A. Fusté, emitió una orden para aclarar que no va a recibir dinero por el litigio.

Según el blog Pesquisa Boricua, Fusté emitió una orden a su puño advirtiendo: 'just to be of the safe side, the undersign has no interest in any moneys or payments as a result of this litigation' (sólo para estar claros, el suscribiente no tiene interés en el dinero o los pagos que resulten de este litigio).

La orden de Fusté tiene el efecto de sacarlo de la clase que fue certificada y notificada el pasado 25 de enero y que incluye a unos 14,000 abogados a pesar de que estos nunca fueron consultados cuando Herbert Brown y otros togados demandaron al Colegio en el 2006, cuestionando el pago de primas de seguros con la cuota que pagaban a la institución.

En la tarde del lunes, dos abogados y legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), los representantes Luis Vega Ramos y Charlie Hernández; el alcalde novoprogresista de Toa Baja y ex representante, Aníbal Vega Borges y la ex senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María De Lourdes Santiago, así como otros tres miembros del CAPR, anunciaron la campaña, www.yonosoydelaclase.com con la que intentan frenar el pago de una sentencia en el pleito.

Mientras, PB encontró en el archivo electrónico del caso, 06-1645, el documento número 291, una orden firmada por Fusté estableciendo que no es miembro del Colegio 'desde hace algún tiempo pero me quiero asegurar de que todos entienden claramente de que no aceptaré reembolso alguno de ningún pleito de clase'.

El Juez precisó además que su participación en el caso se da luego de que esté fuera del Colegio, porque está 'asistiendo al juez Pieras quien está enfermo'.

Fusté se desafilió públicamente del Colegio en enero del 2009 e incluso participó en un programa de radio donde argumentó por qué lo hizo. También se desafilió su colega, el juez Jay García Gregory.

En abril del 2009, Fusté alegó que no lo hacía en solidaridad con los proyectos de ley que ya estaban pendientes de aprobación en la Legislatura y que proponían la descolegiación del CAPR, como finalmente ocurrió en septiembre de ese año. Grabación Fusté con Ferdinand Mercado abril 2009.

El documento del 2011 y en el que hace constar que no le interesa el dinero del pleito de clase, está fechado el 25 de enero, un día antes de la que tiene el papel oficial de notificación de la clase del mencionado pleito.

Entretanto, la mencionada campaña impulsada el lunes por los también licenciados, Marilú Guzmán, Alejandro Torres y Ricardo Arrillaga, busca que los abogados que no quieran ser parte de la clase se informen debidamente en el portal cibernético y se evite que el edificio de la sede de la institución en Miramar se subaste para pagar la sentencia de $4.1 millones.

Los abogados han insistido y el lunes lo repitió el licenciado y alcalde penepé Vega Borges, que 'nos metieron en una clase sin consultarnos'. Describieron además que el cálculo que han hecho de esa sentencia, el togado que más recibiría se llevaría unos $350.

El juez que resolvió el caso, Jaime Pieras, emitió una orden de mordaza el pasado mes de noviembre prohibiendo al CAPR a comunicarse con su matrícula sobre el procedimiento de 'opt ut' ante los intentos de salvar las finanzas de la institución.

El pasado tres de febrero, el juez Fusté insistió en la mordaza y sólo le dio al Colegio la vía libre de referir a su matrícula al documento de notificación que explica los procedimientos para optar por no ser parte de la clase, a través de comunicaciones directas con el administrador del pleito.