El Colegio de Abogados jamás incurrió en ilegalidad alguna al ofrecer un seguro de vida a sus integrantes, sostuvo su presidente Osvaldo Toledo.

Para Toledo 'la idea es clara: es destruirnos el Colegio'.

El líder de los togados rompió el silencio sobre el caso federal en el que un grupo de abogados estadistas buscan 'destruir el Colegio' tras concluir la mordaza que le impuso el juez federal José A. Fusté, a quien acusó de ser 'juez y parte' en el caso que inició el hijo del ex gobernador Carlos Romero Barceló.

'Lo jueces federales Jaime Pieras y Fusté han actuado como jueces y como parte. Esto es algo insólito. Los abogados sabemos y el pueblo sabe que una parte no puede ser juez y parte a la vez y siendo miembros de la clase compuesta forzosamente, sin notificación, que éramos todos los abogados de Puerto Rico, el juez Pieras vio el caso, dictó sentencia sumaria y resolvió y emitió la orden de desacato contra el Colegio, contra mi persona y le pasó el caso al juez Fustè, quien tampoco se inhibió de ver el caso, cuando su deber fue haberse inhibido', dijo Toledo.

'Esta situación es lamentable para la judicatura federal que es la que está haciendo esto porque en la judicatura puertorriqueña jamás ningún juez se atrevería hacer una cosa como esta', destacó Toledo en una conferencia de prensa en la que estuvo flanqueado por los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio.

En cuanto a la póliza del seguro de vida, afirmó que 'se trata de un servicio que, sobre todo, era crucial para la seguridad de nuestros integrantes para que sus familias quedaran protegidas en caso de ellos fallecer'.

Toledo, quien estuvo preso varios días por desacato a la orden de Fusté, afirmó que nunca se le cobró dinero adicional de la cuota para sufragar el seguro de vida y que lo que se hizo fue utilizar parte de esa cantidad para el pago de la póliza grupal.

Presentó documentos que corroboran que en el 2002 fallecieron 62 togados y que sus respectivas familias cobraron $930,168; en el 2003 murieron 71 y sus familiares cobraron $1.08 millones; en el 2004 fallecieron 82 togados y los beneficios pagados a las familias fueron de casi $1.3 millones; mientras en el 2005 murieron 85 y sus familiares cobraron $1.1 millones.

Toledo arremetió contra Pieras porque señaló que en el grupo demandante nunca se objetó el uso de una porción de la cuota de colegiación para el pago de la póliza de seguro.

'En noviembre de 2005 por primera vez le envían una carta al Colegio diciéndoles que objetan el uso de parte de su cuota para el seguro de vida', destacó.

En cuanto a Fusté, afirmó que cuando trató de desafiliarse de la clase demandante el propio magistrado reconoció que era juez y parte.

Indicó que el juez Fusté se oculta detrás de la toga y de la presunta regla de que los jueces no pueden hablar, pero recordó que él nunca ha guardado silencio cuando desde su estrado arremete contra la judicatura local.

'Él utiliza la prensa cada vez que quiere para hacer declaraciones detrimentales en contra de la judicatura puertorriqueña', dijo.

Y aclaró que no reconoce que se haya desafiliado del pleito de clase.

''Para mí, el juez Fusté no se ha excluido, así que nos tiene que decir a quién quiere que le enviemos los chavos porque se los vamos a enviar porque no queremos el dinero del juez Fusté. Y el dinero del juez Pieras también se lo vamos a devolver porque no lo queremos', sostuvo.

Precisó que hasta el momento se han salido del pleito 5,293 abogados con cerca de 1,810 que faltan por contabilizar .