El gobernador interino, Kenneth McClintock Hernández, firmó hoy enmiendas a la ley orgánica de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA), dando paso a que ahora el organismo se conozca como la Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto Rico (AEGPR) y se redefinan las funciones y poderes de su asamblea de delegados y junta de directores.

Con la movida, la Administración Fortuño gana control de los aproximadamente $5,000 millones en activos que tiene acumulados la asociación y que vienen principalmente de los pagos que se le deducen a cada empleado público cada quincena.

De acuerdo con las enmiendas, se establece que 9 de los 26 miembros de la junta de directores sean designados por el gobernador, el presidente del Senado y la presidenta de la Cámara, y que 17 de los miembros serán electos por la asociación.

Se impone, además, un tope y se reduce el sueldo que puede recibir el director ejecutivo. Se eliminará las tarjetas de crédito corporativas, se limitarán los gastos operacionales de la asociación, se creará un comité de ética requiriendo información financiera disponible en Internet y se definirán los poderes de la junta de directores y de la asamblea de delegados, entre otros asuntos.

'El gobernador ha sido complice de un golpe de estado, con la ayuda de la legislatura PNP, a una institución que le ha servido bien a Puerto Rico por los pasados 90 años. Como si fuera poco, lo que ha hecho el gobernador es cometer un acto de cobardía al no tener el valor de firmar un ley que insinuó no contaba con su aprobación. Esta es otra muestra más de que en Luis Fortuño no se puede creer', reaccionó la representante popular carmen Yulín Cruz.

'Como socio durante los pasados 19 años, comparto la preocupación de muchos asociados relacionados a los altos gastos operacionales que tenía una asociación sin controles legislados, por lo que la actual administración comparte con la Asamblea Legislativa la necesidad de establecer controles que salvaguarden los depósitos y maximicen los dividendos de nuestros 200 mil asociados, lo que se logra con la firma de este proyecto', justificó el gobernador interino.

El gobernador ha sido complice de un golpe de estado, con la ayuda de la legislatura PNP, a una institución que le ha servido bien a Puerto Rico por los pasados 90 años. Como si fuera poco, lo que ha hecho el gobernador es cometer un acto de cobardía al no tener el valor de firmar un ley que insinuó no contaba con su aprobación. Esta es otra muestra más de que en Luis Fortuño no se puede creer.', dijo la representante.