A menos de 24 horas de que ordenara el embargo de las cuentas de Adjuntas en el BGF y la anotación de sus propiedades para liquidar la millonaria deuda que el municipio mantiene con un grupo de demandantes, el juez federal José A. Fusté dio marcha atrás a su decisión y ofreció a las partes una nueva oportunidad para firmar el acuerdo propuesto.

Según los documentos radicados el sábado que obran en el expediente del Tribunal, Fusté suspendió temporalmente la orden radicada el viernes, hizo público el contenido del tronchado acuerdo preliminar, y les impone el lunes 8 de agosto como nueva fecha límite para que 'reflexionen' y firmen el mismo.

De lo contrario, advirtió, en el mismo tono fuerte que ha matizado sus expresiones sobre este caso, que volverá a reinstalar la orden de embargo que dejó al país ayer en una pieza por las consecuencias que tendría el embargarle las cuentas bancarias al municipio, e incluso propiedades, de no ser suficientes los dineros para saldar los $4.025 millones que el juez determinó era el monto de la deuda a liquidar.

'Cada uno de los demandantes, cada demandado, y todos los abogados del caso tiene una obligación cívica y una responsabilidad moral de pasar este fin de semana reflexionando sobre la actitud sinsentido asumida durante la negociación de ayer. Dichas negociaciones terminaron abruptamente con una solución basada en la Buena fe que la Corte y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) habían elaborado para poner fin a la desgraciada situación en la que se encuentra el Municipio de Adjuntas hoy', dice el juez en uno de los escritos.

'Sin embargo, no debe de haber la menor duda de que tomaremos cualquier medida que sea necesaria para asegurar que los activos y la dignidad de la Corte son totalmente respetadas. Esto no es un juego y espero que los dimes y diretes vistos en la tarde de ayer haya sido producto del cansancio y no de incompetencia', agregó.

En esencia, el pacto develado por Fusté propone que Adjuntas tome unos préstamos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) cuyo repago sería a 25 años. Aun así, el juez ordena a los Alguaciles continuar con un aviso de embargo a todas la propiedades del ayuntamiento por si queda algo por cobrar después, pero ya como medida suplementaria.

El alcalde Jaime Barlucea iría preso si no cumple con los repagos, y los demandantes se quedaron sin cobrar los intereses por las tardanzas de su abogado, Israel Roldán. Ambas condiciones habían sido reveladas durante la vista del viernes por las respectivas partes como algunas de las razones por las cuales no habían firmado el acuerdo, según publicó NotiCel.

De otra parte, la directora ejecutiva del CRIM, Gloria Santos, se puso hoy a la disposición del alcalde Barlucea, para viabilizar las ayudas que la agencia le pueda ofrecer.

Las expresiones fueron hechas en un comunicado de prensa donde además se unió a las expresiones del presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, quien dijo que el embargo de las cuentas del municipio creaba un precedente peligroso, ya que Adjuntas tiene un presupuesto limitado para ofrecer los servicios a sus ciudadanos.