El Departamento de Justicia federal se opuso a la solicitud del diario El Vocero para desellar los documentos al centro de la controversia entre los exgobernadores Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá. Su argumento es que aclarar una controversia pública no es base legal suficiente para levantar la orden de protección que pesa sobre los documentos del caso criminal de Acevedo Vilá.

A la postura de fiscalía federal se unió la coacusada de Acevedo Vilá, Luisa Inclán Bird, a través de los abogados Michael Pasano y Eliseo Roques. Los abogados de Acevedo Vilá todavía no han comparecido.

El argumento principal de la fiscalía es incluye que hay un derecho del público a presenciar el juicio, pero no a obtener acceso al descubrimiento de prueba, y a documentos que no fueron presentados como evidencia en el caso.

La orden de protección que cobija a los documentos está activa desde el 30 de mayo de 2008 y dicta que los documentos entregados en descubrimiento que son objeto de la orden deben ser devueltos a la parte que los divulgó, o destruidos, preservando una certificación a esos efectos. El caso terminó con un veredicto de absolución el 20 de marzo de 2009.

Justicia federal alega que El Vocero no tiene injerencia suficiente para poder la suspensión de la orden, que lo que realmente está haciendo es una impugnación indebida de todo el esquema de órdenes de protección, que éstas son un mecanismo usado y permitido a lo largo del sistema federal de tribunales, y que 'no se puede ignorar que El Vocero está solicitando que el tribunal se inmiscuya en una disputa política que se desarrolla en el distrito de Puerto Rico, algo que la ley prohibe'.

Esto último parece ser un intento de los fiscales de estirar la doctrina de abstención por asuntos políticos que obliga constitucionalmente a los tribunales a no meterse en asuntos que sean de las ramas políticas. Pero esa doctrina no abarca el que un documento del tribunal sea discutido públicamente, como pretende hacer El Vocero. Los documentos adquirieron notoriedad cuando Acevedo Vilá los anejó a una nota que la mandó a Calderón, y que la exgobernadora interpretó como amenazante, en medio de la controversia por el proyecto de Comunidades Especiales.

Acevedo Vilá autorizó a Calderón a divulgarlos, pero la exmandataria fue en vez a la jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, a querellarse. Acevedo Vilá tampoco los ha divulgado voluntariamente.

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