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Reforma en Libertad Bajo Palabra (documento)

Los abogados de los confinados del país y la Administración Fortuño llegaron a un acuerdo para reformar el procedimiento de libertad bajo palabra y dar por terminada una parte del pleito federal por violación de derechos civiles conocido como Morales Feliciano.

La decisión podría provocar una avalancha de casos a los que se conceda el privilegio ya que se le prometió al tribunal federal que se hará todo lo posible para procesar todos las solicitudes pendientes a la fecha del acuerdo. NotiCel pidió al secretario de Corrección, Jesús González, una entrevista para aclarar el acuerdo, pero el funcionario prefirió aguantarle los datos a la ciudadanía hasta que mañana protagonice una conferencia de prensa sobre el tema.

La controversia por la forma en que se maneja el proceso de libertad bajo palabra comenzó en 1975 cuando un grupo de presos se quejó de que sus casos no eran considerados para este privilegio aún cuando cumplían con los requisitos.

El procedimiento estipulado para dar por terminado este aspecto del caso Morales Feliciano parte de la premisa de que lo máximo que va a estar una persona en el sistema carcelario antes de que se le considere para esta salida temprana son 25 años.

El secretario de Corrección, Jesús González.

La estipulación va a requerir que la Administración de Corrección (AC) contrate a: un asistente administrativo, cuatro oficiales examinadores, una secretaria, dos técnicos, 20 técnicos de expedientes, y 30 sociopenales.

Según la estipulación, de la que NotiCel tiene copia, el proceso va a implicar que cada preso tendrá que moverse con copia de su expediente, y que en distintas etapas de su movimiento por el sistema penal, hay que calcularle su tiempo servido para estar al día sobre cuándo es que va a ser elegible para consideración de libertad bajo palabra.

Las bonificaciones admitidas serán por buena conducta, por trabajo en las cárceles, o agricultura, o en la Corporación de Empresas y Adiestramiento de la AC, y por cumplir con un programa formal de estudios.

Una vez la Junta vea el caso, tiene 30 días para emitir su decisión, y la AC tiene 20 días para notificar la misma al confinado.

Para copia del acuerdo, pulse aquí.

(Josian Bruno/NotiCel)
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