Finalmente, después de años de litigios, de órdenes de desacato, y de que el municipio coqueteara con la quiebra, el Tribunal Federal ordenó el desembolso de un cheque de $86,263.96 a cada uno de los 62 demandantes exempleados de gobierno municipal de Adjuntas que fueron despedidos por motivos político partidistas.

Los pagos representan otros $5.3 millones del dinero de todos los contribuyentes sacrificados en el altar de la lucha partidista que parece ser la ocupación principal en algunas dependencias públicas y municipios.

Aún cuando se acercan a los $90,000 por cada demandante, los pagos autorizados incluyen un descuento del 50% de los intereses que los demandantes aceptaron para poder darle una solución al tranque que capturó la atención del país la primera semana de agosto y que incluyó que el juez federal José A. Fusté emitiera una orden de embargo contra el municipio adjunteño.

La orden vino después de que el juez y el alcalde, Jaime Barlucea,cruzaran fuertes ataques públicos. El mecanismo de pago fue un préstamo que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) extendió al municipio fundamentado en transferencias del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), y con obligación de repago en plazos semestrales por los próximos 25 años. Durante el proceso, el juez sugirió que se recobrara parte del pago mediante una demanda al exalcalde popular, Roberto Vera Monroig, quien fue el culpable de los actos discriminatorios.

Fusté autorizó los desembolsos ayer, viernes.

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