Vivía orgullosa de ser Policía, pero su visión se ha desvanecido luego de sufrir represalias y múltiples traslados, tras delatar un patrón de corrupción que se estaba dando dentro de su área de trabajo.

La teniente II Peregrina Marrero Rivera, quién lleva 21 años en la Uniformada y actualmente está adscrita a la División de Investigaciones Administrativas en San Juan, cada vez que recuerda todo lo vivido dentro de la Policía desde el 2004, se descompensa.

Su única esperanza es recibir justicia y un trato digno, tras los eventos que ha tenido que vivir, y para ello espera radicar próximamente una demanda en el Tribunal Federal.

Sus problemas comenzaron en el 2004, cuando estaba como agente en la División de Saturación de la Región de Caguas, hoy conocida como el Strike Force, una unidad especializada en operativos antidrogas.

En aquel momento, ella recibió acercamientos indebidos de parte del teniente II Reynaldo Torres Centeno, los cuáles rechazó. Luego, el 21 de septiembre de 2004, Marrero Rivera redactó un informe solicitando una investigación por un incidente relacionado a un mal manejo de evidencia, pues un sobre que contenía cocaína y crack había sido alterado antes de que ella lo llevara a decomisar.

Cuando fue al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), no le aceptaron la evidencia porque el sobre estaba alterado. Dos días después que redactó su informe, el teniente Torrres Centeno la llamó a su oficina y le dijo 'mira lo que hago con tu escrito', y lo botó al zafacón. A raíz de esto 'empieza a surgir de parte de él un distanciamiento, cambios de turnos (para ella) y un trato hostil'.

El 18 de noviembre de 2004, a Marrero Rivera le dan un traslado a la División de Operaciones Tácticas porque, según el teniente Torres Centeno, 'ya no era de su confianza'. Al tiempo, al teniente Torres Centeno lo asignan a dirigir la División de Operaciones Tácticas y otra vez el ambiente laboral se tornó conflictivo.

Sin embargo, en una ocasión el teniente Torres Centeno le dijo que la situación 'no puede seguir así', a lo que ella le respondió que 'yo no tengo ningún problema con usted'. Y él le manifestó que 'borrón y cuenta nueva'.

Posteriormente, Marrero Rivera comenzó a trabajar en las áreas de alta incidencia criminal y notaba que en los allanamientos que efectuaban, un grupo de agentes se quedaban con parte del dinero y la droga que ocupaban. A preguntas de NotiCel, Marrero Rivera explicó que en una intervención rutinaria se podían confiscar entre $600 a $800, pero hubo ocasiones que solo llegaban $40 al Cuartel .

En una oportunidad, Marrero Rivera llevó su inquietud a una reunión con el teniente Torres Centeno, en la que estaban presentes otros agentes, y el agente Edwin Torres Gómez dijo que ese dinero que se quedaban de los allanamientos, lo usaban para pagar a los confidentes. Inmediatamente, Marrero Rivera le indicó que ese no era el procedimiento correcto establecido por la Policía y que lo que estaban haciendo era ilegal. A raíz de su postura, el teniente Torres Centeno la removió de sus funciones en la calle y la asignó al cuarto de evidencia.

La situación se complicó el 26 de julio de 2007 cuando, por órdenes del sargento Manuel Correa Rosa, la sacan de hacer trabajo administrativo y la envían al Distrito de Aguas Buenas para servir como refuerzo en un allanamiento, aún cuando ella no estaba de acuerdo porque sabía de las irregularidades que ocurrían. Sin embargo, Correa Rosa le indicó que debía ir porque en el operativo se iba a intervenir con mujeres. Fue así como llegó al Sector La Pajilla, en Aguas Buenas, para diligenciar un allanamiento.

Estando en el operativo, llegó la dueña de la residencia y Marrero Rivera comenzó a calmarla, pues la señora estaba alterada porque esa era la segunda ocasión que intervenían en su residencia en menos de tres meses.

De momento, Marrero Rivera observó como el agente Edwin Nuñez Cotto le entrega una bolsa de estraza que traía de la calle, al agente Edgardo Alamo Santana, y le dijo algo en el oído. El agente Alamo Santana a su vez entregó la bolsa al agente Ricardo Burgos Morales, quien miró lo que había en su interior y la devolvió al agente Alamo Santana.

Con sospecha de lo que pudiera haber en su interior, Marrero Rivera solicitó ver lo que había dentro de la bolsa y ahí pudo comprobar que se trataba de droga y dinero. Marrero Rivera precisó a NotiCel que en el interior de la bolsa había 26 bolsas de heroína, 27 bolsas de marihuana, 8 bolsas de cocaína, 16 cápsulas de crack y $60.

Al Marrero Rivera percatarse de la movida, surge una discusión entre los agentes, y ésta llama al sargento Correa Rosa, quien no estaba dentro de la casa intervenida pero sí se ubicaba en el perímetro, para advertirle lo que estaba ocurriendo.

Cuando Marrero Rivera se encontraba discutiendo el asunto con el sargento Correa Rosa, el agente recibe una llamada del teniente Torres Centeno, que para esos días estaba de vacaciones, en la que le indicó que 'los agentes que estaban allí respondían a él y que los dejaran hacer su trabajo'. Fue así, alegando que la bolsa había sido encontrada en la parte posterior de la casa, que se llevaron arrestada a la señora y a su sobrino que estaba fuera de la residencia. Supuestamente, el allanamiento ilegal respondía a que meses antes la señora se había querellado contra un policía que estaba presente en la intervención.

Indignada por lo ocurrido y estando consciente de que la intervención había sido ilegal, Marrero Mercado radicó una querella denunciando los actos de corrupción.

De acuerdo a documentos oficiales de la Policía, se realizó una investigación administrativa en la que no figuraba el teniente Torres Centeno, y en mayo 2008 se recomendó una suspensión de empleo y sueldo por 15 días contra todos los agentes imputados. El 15 de agosto se solicitó reabrir la investigación y aplicar una sanción mayor, pero todavía no se ha materializado.

Como represalia, intentaron crearle a Rivera Marrero un caso de apropiación ilegal, y el 26 de septiembre de 2007, recibió un traslado al Distrito de Cidra para hacer rondas preventivas; el 30 de octubre, la trasladaron a Caguas a hacer las mismas funciones.

Como consecuencia de la presión que estaba teniendo en el trabajo, Marrero Rivera empezó a experimentar ataques de ansiedad, que luego se convirtieron en ataques de pánico. Ante estas circunstancias, en diciembre de 2007, tuvo que acudir a un psiquiatra. El 20 de diciembre de 2007 fue recluida en el Hospital Panamericano y la desarmaron por seis meses.

Cuando se reincorporó a la Uniformada, Rivera Marrero fue trasladada a la Unidad de Transportación, luego al Centro de Análisis de la Comandancia, y posteriormente a la Unidad Preventiva en Caguas.

Para Marrero Rivera, era 'humillante', después de haber trabajado en unidades especializadas. Además, constantemente recibía burlas de otros compañeros. Visiblemente afectada, manifestó que 'lo más que me dolió fue que la Policía me dio la espalda por haber delatado unos actos de corrupción'.

'Yo llegué a concluir que no sabía qué era peor, quedarse callado y si los federales se enteran tener problemas, o delatar la corrupción y tener problemas en la Policía local', abundó.

Más aún, Marrero Rivera puntualizó que 'cómo podemos confiar (la ciudadanía), si nosotros mismos no somos íntegros ni limpiamos nuestra casa'.

Tras ser ascendida a sargento, la asignaron a la División de Operaciones Especiales, que posteriormente, en el 2009, se convirtió en el Strike Force, y, para su desdicha, tuvo que volver a trabajar con el teniente Torrres Centeno, quien se convirtió en el director de dicha División.

Sin embargo, Rivera Marrero fue nuevamente transferida al Distrito de Caguas, por la querella que le había sometido al teniente Torres Centeno y otros agentes. Apenas cuatro meses de estar allí, la transfieren a la Unidad Motorizada de Carolina, pese a que reside en Cidra, en donde en algunas ocasiones la ponían como refuerzo en Loíza. En febrero 2011 la ascendieron a Teniente II, y en abril la trasladaron a la Zona Turística en Isla Verde.

Cuando se enteró que el teniente Torres Centeno había solicitado una licencia sin sueldo y estaba dirigiendo el área de Seguridad Interna del Departamento de Hacienda, solicitó un traslado para el Strike Force. El día que fueron a su casa a realizar las entrevistas para ver si cualificaba para la posición, acudió la sargento Maribel Cartagena, acompañada del agente Juan Ortíz, uno de los agentes a quien Marrero Rivera le había puesto la querella, y no tuvo éxito con la petición de traslado.

Al no recibir respuesta, Marrero Rivera decidió solicitar para la División de Integridad pública de la Región de Caguas. En octubre 2011 fue asignada a dicha división, pero ese mismo día el teniente David Hernández la trasladó al Cuartel General en Hato Rey porque prefería un varón en la unidad, lo que Rivera Marrero catalogó como un acto de discriminación.