El Primer Circuito de Apelaciones de Boston cerró las puertas al remedio judicial que están solicitando sobre 7,000 residentes de Vieques por los daños que causaron las prácticas de la Marina en dicha isla municipio, pero refirió formalmente su decisión a los líderes congresionales porque entiende que algún remedio deben procurar para el reclamo de los viequenses.

El juez puertorriqueño Juan Torruella escribió una fuerte disidencia en la que subrayó que la decisión de la mayoría de los jueces apelativos reconoce una carta blanca para que la milicia cause daño sin hacerse responsables de los mismas, y enfatizó que esto lo está permitiendo el mismo tribunal que no le reconoce a los puertorriqueños ni siquiera el derecho a votar por el Presidente.

La mayoría del panel apelativo despachó las reclamaciones de los 7,126 demandantes razonando que el hecho de que la Marina no avisara a la población de los efectos que tendrían las prácticas, efectos que ya se conocían científicamente, no es un acto que cae bajo las leyes federales de reclamación por daños, y que la decisión de avisar o no es parte de la discresión reconocida a la Marina.

'El Tribunal Supremo ha hecho claro que los tribunales federales están impedidos de interferir en el ejercicio de dicha discresión de parte de cualquier agencia, y eso es particularmente así en cuanto a la ejecución de operaciones militares... [l]os demandantes ni siquiera reclaman que estos decisiones violentaron leyes federales mandatorias. No es el rol de los tribunales contradecir las conclusiones de la Marina después de que ésta sopesara las distintas consideraciones', argumentó la mayoría al defender que lo que se reclama fue resultado de un juicio de la Marina sobre si avisar o no a la población de los peligros inherentes a sus prácticas militares.

'A pesar de que la visión de la mayoría es la de desestimar esta demanda, lo que la disidente disputa, las reclamaciones de los demandantes, tomadas como ciertas, levantan serias preocupaciones en cuanto a la salud. El gobierno ha reconocido que estas preocupaciones existen. La mayoría y la disidente están de acuerdo en que estos asuntos deben llevarse a la atención del Congreso. Se le instruye a Secretaría a envíar copia de esta opinión al liderato de la Cámara y el Senado', concluyó la mayoría.

Sobre el razonamiento de la mayoría, de que los actos de la Marina están dentro de su discreción y que hay que respetarle esa discreción, Torruella argumentó que '[n]o puedo contemplar una teoría o concepto legal que le dé a la milicia carta blanca para hacer daño a ciudadanos americanos con sus actos negligentes, sin ninguna consecuencia'.

En cuanto al referido al Congreso, lo aplaudió, pero dijo que 'no se puede considerar una alternativa apropiada al ejercicio de estos ciudadanos de su derecho a presentar unas reclamaciones, y que las mismas sean resueltas por un tribunal de los Estados Unidos'.

'En este más reciente capítulo de la contínua saga de Culebra/Vieques, este tribunal ha bloqueado el acceso de los demandantes a los tribunales de los Estados Unidos, quitándole a los ciudadanos americanos que viven en Vieques del único foro efectivo que les queda para conseguir la reparación de sus agravios. El acceso al foro político ya ha sido bloqueado por este mismo tribunal. Por mi parte, protesto esta situación intolerable y antidemocrática en los términos más fuertes posibles', concluyó.

La decisión emitida ayer fue publicada por NotiCel en primicia.

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