La directora de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicios (OSAJ), Cyndia Irizarry, dejó entrever que favorece la enmienda propuesta por el gobernador Luis Fortuño para limitar el derecho constitucional a la fianza, proyecto de administración que atenderá la Legislatura próximamente.

Expertos constitucionalistas se han opuesto tajantemente a la enmienda constitucional propuesta porque, aunque se limita a los asesinatos con unas características particulares, abre la puerta para que se siga ampliando la lista como ya ha ocurrido con la iniciativa que promueve el gobernador Fortuño.

Pero, en entrevista con NotiCel, Irizarry opinó que, además, de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, también hay que proteger el sistema.

'Los derechos que se reservaron los ciudadanos fue para decir ‘yo te voy a permitir que hagas todas estas cosas, pero yo en aras de protegerme de ti sistema, me voy a reservar ciertos derechos'. En teoría, hay una parte de la Constitución donde nosotros los ciudadanos decidimos yo voy a proteger el derecho, la segunda parte es que yo voy a proteger el sistema y el análisis que hay que hacer es: La forma en qué se están protegiendo los derechos de los ciudadanos está atentando contra el sistema? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y si está atentando contra el sistema y si está afectando la estabilidad del sistema, que es prioridad, entonces el sistema hay que protegerlo', destacó.

'A quién le vamos a dar el mayor peso de la protección? A este imputado de delito que asesinó o a este imputado de delito que sigue atentando contra el sistema cuando sigue delinquiendo y no le importa atentar contra el sistema. Eso es lo medular para mí, no como directora de OSAJ, como abogada', agregó.

Irizarry recordó que su agencia sólo vela por el cumplimiento de unas condiciones que imponen los tribunales y no quiso caracterizar las decisiones judiciales cuando NotiCel le preguntó si entiende que los jueces son muy laxos a la hora de imponer la fianza.

'La materia de los derechos civiles, de los derechos de las personas, son áreas que no son blancas y negras, son áreas sumamente difíciles y yo no quiero pasar juicio sobre los compañeros en los tribunales porque, al fin y al cabo, el peso de ellos proteger un derecho constitucional versus colocar en una balanza lo que podría ser el riesgo de fuga, peligrosidad a testigos, o sea son muchos elementos los que ellos tienen que evaluar para realmente determinar voy a ingresar a esta persona', señaló.

La funcionaria indicó que la percepción del pueblo sobre la OSAJ es errónea porque la gente piensa que es la oficina quien puede revocar la libertad de los imputados de delito que supervisa.

'Estas personas son imputados, yo tengo que tener mucho cuidado cómo yo intervengo con ellos porque yo no le puedo violentar su derecho constitucional a la libertad porque él todavía no ha sido convicto de delito. O sea, yo no puedo venir y decir ahí déjame activarle la alarma a este para ver dónde está para verlo brincar, no. No, eso no es así. Esa persona está libre y para muchos de nosotros será muy difícil de entender, pero está libre y el tribunal así lo determinó y yo no le puedo cambiar las condiciones, ni se las puedo poner más flexibles, ni más onerosas', señaló.

'Esa es la triste realidad de la OSAJ, que tengo que velar por un derecho constitucional, pero a la misma vez tengo la obligación de garantizar que este que está disfrutando de sus derechos no me afecte los derechos de los demás. Esa es mi triste realidad', sentenció.