El liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) opinó el domingo que 'es evidente que la estrategia de delegar la guerra contra el crimen al gobierno federal ha fracasado en varios frentes y lo que ha significado es el abrirle las puertas a la barbarie de la pena de muerte'.

'Estados Unidos y Puerto Rico le declaró la guerra a las drogas hace más de dos décadas y claramente han fracasado. Ese fracaso se manifiesta, primero, en la entrada por los aeropuertos y las fronteras del país de millones de dólares en droga para el consumo de los estadounidenses y el mercado local. Segundo, los alegados pactos de cooperación entre el gobierno local y la fiscalía federal, desde los tiempos de Acevedo Vilá, no han ayudado a reducir la criminalidad. Tercero, la Policía de Puerto Rico está en un limbo jurídico y procesal debido al Informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Nos tienen en una sindicatura 'de facto'. Es evidente que el problema no está en las penas o en el número de agentes', sentenció en conferencia de prensa Juan Dalmau, candidato a gobernador de la colectividad.

Dalmau condenó que bajo los supuestos acuerdos de cooperación con el Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal se imponga la pena de muerte en Puerto Rico, a pesar de que el país determinó desde principios del siglo pasado abolirlo como castigo ejemplarizante.

Informó que actualmente hay en la Corte del Distrito Federal de Puerto Rico 16 personas pendientes de adjudicación elegibles para la pena de muerte.

Dalmau subrayó la urgencia de, en primera instancia, revisar las funciones, operación y recursos de la Policía de Puerto Rico, para atender los señalamientos recientes de distintos organismos; para garantizar el entrenamiento y los recursos adecuados para la investigación de crímenes, para despolitizarla y profesionalizarla y para establecer un proceso de selección, adiestramiento, capacitación continua, evaluación, ascensos y nombramientos más efectivo.

El líder pipiolo reiteró la necesidad de atender la realidad de que el 80 por ciento de los delitos violentos son generados por el uso y tráfico de sustancias ilegales, y mermar la demanda a través de programas de rehabilitación que incorporen el principio de reducción de daños, con estrategias como la medicación de los adictos, y el seguimiento social y terapéutico imprescindible para la rehabilitación, en colaboración con organizaciones comunitarias.

Se estima en más de $600 millones el gasto anual, tan sólo en el procesamiento y encarcelamiento por esos delitos.

Por último, Dalmau reafirmó su compromiso de meterle mano a los pejes gordos que financian la droga. 'Hay que limitar las posibilidades de uso fácil de dinero mal habido, condicionando, por ejemplo, la inscripción en los Registros de la Propiedad de inmuebles adquiridos sin financiamiento, fiscalizando de manera más efectiva las transacciones bancarias, y limitando las transacciones comerciales de alto valor en efectivo', concluyó.