El Primer Circuito de Apelaciones de Boston le ordenó al juez federal Juan M. Perez Gimenez que acabe de decidir ya la reclamación que hace un sindicato con sede en Estados Unidos impugnando la Ley Electoral de Puerto Rico porque la misma no les permite financiar campañas.

Según adelantó NotiCel el sábado, ese mismo día la Service Employees International Union (SEIU) había acudido al tribunal apelativo federal porque, en vez de decidir sobre su reclamación, el viernes Pérez Giménez le concedió al gobierno una solicitud para citar testigos y para descubrimiento de prueba.

'[L]a orden (de Pérez Giménez) patentemente constituye uno más de una serie de obstáculos que ese tribunal ha colocado en el camino de lo que debe ser la consideración puntual y justa que tiene derecho a esperar de los tribunales federales cualquier litigante que presenta un recurso interdictal, y ciertamente cualquier litigante cuyos derechos de expresión política bajo la Primera Enmienda se están esfumando frente a sus ojos', argumentó la SEIU en el recurso del sábado.

El lunes en la tarde, el Circuito le concedió la solicitud de mandamus contra Pérez Giménez.

El panel de jueces recordó que la decisión que emitieron el 17 de septiembre le requería al juez 'decidir prontamente la solicitud de interdicto (del sindicato) en los méritos de sus fundamentos constitucionales'.

'Nuestra orden impide que los demandados obtengan una desestimación del recurso usando bases procesales... (A) pesar de que no decidimos si la solicitud de descubrimiento de prueba era apropiada, la amplia solicitud parece tener relevancia limitada, si alguna, en cuanto a la decisión en los méritos del asunto constitucional, y nuestra orden previa no deja espacio para evasivas a través de maniobras procesales diseñadas para evitar una decisión en los méritos', dijo el panel en su orden del lunes.

En el escenario político se anticipa que el sindicato, identificado con el Partido Demócrata, dedicaría recursos a favor de la campaña del Partido Popular Democrático frente a un contrincante, el gobernador Luis Fortuño, afiliado al Partido Republicano.

Resolución Primer Circuito Apelaciones 24 sept 2012 Caso SEIU_41