La experiencia de los tres casos anteriores mantienen esperanzados a los opositores que se manifiestan frente al Tribunal Federal, para que la identidad cultural de los puertorriqueños decline imponerle la pena capital por primera vez a un ciudadano, en el caso de Edison Burgos.

'Estamos comprometidos con la vida. El que no se haya logrado antes unanimidad entre el jurado nos hace pensar que probablemente eso vuelva a ocurrir. En los casos anteriores, por menos que eso, en algunos estados le hubieran dado la pena de muerte. Culturalmente los puertorriqueños nos oponemos', señaló el licenciado Edgardo Román, coordinador de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte.

El grupo de manifestantes, compuesto por organizaciones en defensa de los derechos civiles, grupos de fe y algunos ciudadanos que se allegaron al lugar, ha sido cauteloso en iniciar la protesta horas después de que el jurado llegara esta mañana.

Román advirtió que aunque el jurado lleva casi cinco horas deliberando, el proceso va para largo.

'Tienen que llenar un formulario extenso...Podría pasar que a alguien le surja una situación familiar y tenga que retirarse y suspendan el proceso. El jurado también podría pedir que se le aclare algún asunto antes de tomar la decisión', explicó Román.

El licenciado comentó que el jurado es uno calificado por no tener una objeción moral o prejuicio contra la pena de muerte.

'Debe estar en la capacidad de imponer la pena', acotó Román.

El líder dijo además que la Coalición le ha enviado varias cartas al Secretario de Justicia Federal para que los casos procedentes de Puerto Rico no se conviertan en calificados a pena de muerte.

El primer caso que se vio en Puerto Rico sobre pena de muerte ocurrió en el 1998fue el de Héctor Acosta Martínez y Joel Rivera Alejandro, quienes enfrentaron un proceso judicial por matar a un comerciante, mas jurado lo absolvió.

El segundo caso fue el de Lorenzo Catalán Román y Hernaldo Medina Villegas, acusados de matar en el 2002 a un guardia de seguridad de la empresa Ranger American Armored Services.

En el mismo año a Carlos Ayala López, acusado asesinato de un guardia federal, la fiscalía también pidió infructuosamente la pena capital.